La vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Montserrat, ha trasladado a la Comisión Europea las nuevas revelaciones sobre la participación interesada del Gobierno de Pedro Sánchez en el rescate con ayudas públicas de la compañía Air Europa, ante las sospechas que hubo violación de los principios de imparcialidad, legalidad y buena administración exigidos por el artículo 2 del Tratado de la UE y por las normas sobre ayudas de Estado.
Montserrat ha trasladado a la Comisión las últimas informaciones respecto al rescate público de 475 millones de euros aprobado por el Gobierno español durante la pandemia de Covid-19, que se produjo tras la movilización del propio presidente, su esposa Begoña Gómez, y los ministros Jesús Ábalos, María Jesús Montero y Nadia Calviño, hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
En una pregunta parlamentaria, recalca que un alto cargo de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, sin competencia ministerial específica en materia de transportes o solvencia empresarial participó directamente en la votación, sin tener base legal para ello. Además, la tramitación fue cinco veces más rápida que la media de otros rescates aprobados en el mismo marco, lo que agrava las sospechas de trato de favor y de falta de transparencia.
De hecho, la participación de miembros del Gobierno no se repitió en otros rescates, como señala el Tribunal de Cuentas, lo que podría interpretarse como injerencia política. Otros 72 rescates no contaron con intervención de Moncloa, lo que refuerza la sospecha de trato de favor.
“Esta intervención política en un órgano técnico, sin base jurídica clara, podría suponer una vulneración del principio de separación de funciones administrativas y de la legalidad, contraviniendo el Derecho de la Unión y las propias normas internas del Consejo de Ministros español”, manifestó Montserrat.
“No puede haber privilegios ni rescates a medida en Europa. Exigimos transparencia y responsabilidad para que ningún gobierno use las ayudas públicas como un instrumento al servicio de sus intereses particulares”, planteó. “Si además, una de las personas implicadas es la ahora presidenta del BEI, el asunto toma relevancia europea y mina la credibilidad de nuestras instituciones”, agregó.
El procedimiento de aprobación del rescate presenta, además, singularidades relevantes: el importe fue fraccionado en dos préstamos, lo que podía evitar una notificación y control previo por parte de la Comisión Europea.
El Tribunal de Cuentas español ha señalado que, de los 73 rescates aprobados, solo en el caso de Air Europa participó un representante de Moncloa, lo que refuerza la sospecha de trato discriminatorio, vulnerando el principio de igualdad ante la ley. La falta de criterios objetivos y la posible parcialidad administrativa podrían configurar una infracción grave del Estado de Derecho, en línea con los requisitos exigidos para una investigación formal por la Comisión.
Montserrat también alerta del posible conflicto de intereses, dada la vinculación de la operación con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cuya carrera profesional habría recibido apoyos y patrocinios de la propia Air Europa, según las revelaciones. “El rescate de Air Europa huele a favoritismo político y a conflicto de intereses al más alto nivel. Es el ejemplo perfecto de cómo Pedro Sánchez ha degradado la buena administración que exige el Estado de Derecho”, indicó la eurodiputada.
En su pregunta escrita, Montserrat pregunta a la Comisión si va a iniciar un procedimiento para verificar si el rescate de Air Europa respetó los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad, y qué medidas piensa adoptar para asegurar que las ayudas excepcionales concedidas durante la pandemia se ajustaron estrictamente al Derecho de la Unión. “La verdad siempre sale a la luz y el tiempo del oscurantismo de Sánchez se acaba”, ha concluido Montserrat.
El Estado de Derecho exige que la administración actúe de manera imparcial y en base a criterios objetivos, no políticos. La mención a contactos privados (por parte del CEO de Air Europa con Begoña Gómez, esposa del presidente) y la intervención posterior del asesor económico apuntan a un posible conflicto de interés inaceptable.