El Partido Popular ha denunciado hoy la corrupción del Gobierno de Sánchez y el ataque a los jueces que la investigan, así como el asalto a las Instituciones y la vulneración del Estado de Derecho en España para asumir el control absoluto del Estado.
Ha sido en un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre corrupción en el sector público en el que la portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Montserrat, ha afirmado que el gobierno de Sánchez es un “foco de corrupción que amenaza con dinamitar el Estado.”
Así ha asegurado que “no podemos exigir ejemplaridad en Europa mientras ignoramos la corrupción en España”.
“Si esto ocurriera en cualquier otro país, este Parlamento estallaría. Sr. Comisario la voz de Europa debe oírse alta y clara”, aseveró.
Así, la vicepresidenta del Grupo PPE en la Eurocámara, ha enumerado los ataques de Sánchez al Estado de Derecho: “Ha amnistiado a golpistas. Ha reformado el Código Penal para borrar delitos de corrupción. Ha puesto a la Fiscalía General a su servicio. Ha promovido la censura a la prensa crítica. Ha asaltado la televisión pública. Y ha sometido el Poder Legislativo para eludir el control parlamentario.”
Además, ha recordado que el presidente del gobierno ha atacado públicamente a los jueces esta semana para tapar la corrupción “que asfixia a su gobierno, su partido y su familia coincidiendo con el desfile por los juzgados” de su ex número dos y exministro de transporte, por comisiones de 600.000 euros y chalets en la playa; del jefe de gabinete de este exministro, con mordidas de 200.000 euros; de la esposa del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias, corrupción, intrusismo y apropiación indebida. Y del empresario testaferro, repartidor de dinero negro y origen de toda la trama.
Asimismo, la exministra aseguró que “no serán los últimos” ya que dentro de unas semanas serán llamados a declarar el jefe de gabinete de la vicepresidenta del gobierno y algunos ministros, -algunos por exigir 50.000 euros en comisiones-, el hermano del presidente, por prevaricación y malversación, así como el secretario de Organización del PSOE -por llevarse 15.000 euros-.
“Y, quién sabe, quizás, la comisaria Teresa Ribera, por conceder una licencia al testaferro que ha defraudado 182 millones de euros vendiendo petróleo venezolano”, afirmó Montserrat en su intervención ante el plenario.
Por ello la portavoz del PP apeló al nuevo comisario responsable del Estado de Derecho, Michael McGrath, asegurando que “esto es un escándalo sin precedentes.”
“Sea firme. Castigue su corrupción. Defienda la independencia judicial. Y exíjale respeto al Estado de Derecho.”
Así afirmó que la deriva autoritaria de Sánchez “está poniendo en riesgo la democracia española y el alma de la Unión Europea.”
Por su parte, el eurodiputado popular, Javier Zarzalejos, recalcó que España “sufre un problema de ataque a la independencia judicial, que tiene que parar” pues existe “una ofensiva sin precedentes contra los jueces que se encuentran investigando los casos de corrupción que afectan al presidente del gobierno”. “El Gobierno de España, y sus socios, tienen que cesar en sus ataques al Poder Judicial, en la deslegitimación de los jueces, en la atribución a los jueces de sesgos políticos y de presiones ilegítimas desde otros centros de poder”, manifestó.
Asimismo, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, lamentó que Sánchez está arrastrando a España a unos niveles de corrupción impropios de un país de la Unión Europea porque “ha permitido que la corrupción infecte las principales instituciones del Estado y ahora se encuentra totalmente acorralado”. “Por eso, cuando la Comisión Europea exige a Sánchez que reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal para combatir con mayor eficacia la corrupción, él hace oídos sordos. Por eso, cuando le pide que se equipare a los estándares de independencia de la Fiscalía Europea, él esconde la cabeza”, añadió.
A su vez, durante el debate, la popular Rosa Estarás ha recordado el ataque “permanente y absolutamente orquestado desde el gobierno contra los jueces, que ha llevado al poder judicial a defenderse, pedir amparo y reivindicar la independencia judicial”. “El gobierno de España ha hecho caso omiso a la contención y a la evitación de cualquier juicio de intenciones, contribuyendo así al deterioro de las instituciones y, en definitiva, al deterioro de la democracia”, dijo.