La vicepresidenta del Partido Popular Europeo y portavoz de la Delegación Española del PP, Dolors Montserrat, ha denunciado ante la Comisión Europea el nuevo ataque contra los jueces del Gobierno de España, que pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el objetivo de entregar la dirección de las investigaciones a la Fiscalía, y así tener mayor control sobre las causas.
En una pregunta parlamentaria escrita, Montserrat muestra su preocupación sobre la reforma anunciada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tanto en lo que se refiere al control indirecto del Gobierno sobre el archivo de las causas penales, como por su intención de reducir el papel de las acusaciones populares, decisivas en los casos de corrupción que mantienen acorralado al gobierno.
“Asistimos a una nueva maquinación del Gobierno de Pedro Sánchez para intentar zafarse de los escándalos que le rodean, esta vez limitando las posibilidades de la acusación popular y manipulando las competencias de los jueces para que sea la Fiscalía –que como todos saben ya está colonizada por el Ejecutivo– sea quien decida el archivo de las causas penales que le incomoden”, criticó.
En su escrito, la diputada pregunta al nuevo comisario si va a interpelar la Comisión al Gobierno de España sobre esta reforma tras la advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien ha advertido que sería «imperativa» una revisión del funcionamiento de la Fiscalía antes de entregarle la instrucción de las causas penales, para garantizar su independencia.
En este sentido, Montserrat subraya que esta independencia “no está asegurada como demuestra la imputación del Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz” por revelación de secretos con objetivos políticos.
“¿Considera la Comisión que la Fiscalía, elegida y controlada por el Ejecutivo, puede ocupar en España el papel de los jueces para dirigir la instrucción, asegurando los derechos procesales, con toda independencia, imparcialidad y transparencia tal y como establece el derecho europeo?”, pregunta.
En nuestra opinión, destacó Montserrat, la protección de las acusaciones particulares y la dirección de la instrucción penal por parte de jueces son pilares esenciales para garantizar “un sistema de justicia equilibrado, independiente y justo”.
La portavoz del PP dijo que la acusación particular es un principio constitucional que permite que los ciudadanos y organizaciones participen activamente en los procedimientos judiciales, “garantizando el derecho a un recurso efectivo y promoviendo la transparencia”. “El gobierno quiere tocarlo para promover la impunidad de su entorno”, agregó.
Por otra parte, añade que el PP no permitirá ninguna reforma que “podría comprometer la imparcialidad de las investigaciones, exponiéndolas a presiones externas, afectando a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, independientemente, de si forman parte del gobierno o son familia de sus miembros”.