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El Pleno del Ayuntamiento de Rivas ha dado hoy luz verde al plan financiero de la EMV que permitirá la construcción de más de 500 viviendas públicas, tal y como se recoge en el Plan Estratégico de la empresa municipal que abarca desde 2025 hasta 2028.
El pleno, a solicitud de la propia EMV, ha aprobado la ampliación de capital de la empresa pública en 17,5 millones de euros. Se trata de fortalecer económica y financieramente la EMV, como mejor herramienta para la intervención en el mercado de la vivienda, claramente tensionado.
El Plan Estratégico de la EMV incluye la construcción de las viviendas en varias fases. Entre ellas, destaca la entrega en 2025 de las 83 viviendas en régimen de alquiler destinadas a jóvenes que se están terminando ya en la ciudad. Este importante plan de vivienda pública es uno de los proyectos motores de la Agenda Urbana Rivas 2030.
Estas más de 500 viviendas se sumarán al importante parque público construido por la EMV desde su fundación: cerca de 3.000 viviendas públicas en propiedad y un parque de 671 viviendas en régimen de alquiler. Y es que la EMV de Rivas es la tercera empresa pública de la Comunidad de Madrid con mayor número de viviendas en su parque propio de alquiler, solo por detrás de la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA) y de la EMVS de Madrid, y es la primera en términos relativos respecto a su población.
Desde el Gobierno municipal se ha destacado esta mañana que, con este plan estratégico, Rivas continuará siendo un referente en vivienda pública y hacer efectivo así el derecho a la vivienda. Además, se ha defendido el modelo de empresa pública, anteponiendo la rentabilidad social y la intervención en el mercado de la vivienda para mejorar la vida de la gente.
DECLARACIÓN DE ZONA TENSIONADA
El Gobierno municipal ha vuelto a denunciar que la Comunidad de Madrid rechace la solicitud de Rivas de declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionada, opción recogida en la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en 2023 por el Gobierno de España.
Rivas cumple con los requisitos establecidos por la citada ley, que busca garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía. La declaración de zona residencial tensionada permite a los ayuntamientos aplicar medidas específicas para contener el aumento de los precios del alquiler y limitar las rentas de los grandes tenedores.