El Parlamento Europeo ha aprobado la nueva normativa de cooperación transfronteriza BridgeforEU, que busca suprimir barreras administrativas y jurídicas que dificultan las relaciones entre territorios fronterizos, la prestación de servicios públicos transfronterizos y el desarrollo de infraestructuras comunes.
Esta regulación es el resultado de 10 años de negociación en los que la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros han diseñado un procedimiento para superar los obstáculos que se producen cuando las normas o los procedimientos administrativos a un lado de la frontera no son compatibles con los del territorio vecino.
Para Extremadura, como región fronteriza, este nuevo mecanismo abre la vía a la superación de obstáculos que puedan producirse en la frontera luso-extremeña mediante la modificación de disposiciones administrativas o soluciones alternativas, cuando las normas o procedimientos administrativos aplicables no sean compatibles con los de Portugal.
Este reglamento creará un marco voluntario que permitirá a los Estados miembros establecer puntos de coordinación transfronterizos para recibir y gestionar expedientes relacionados con estos obstáculos. La norma regula el uso de la denominada ‘Herramienta de Facilitación Transfronteriza’, procedimiento voluntario y normalizado para resolver los obstáculos. También se promueve la creación de comités conjuntos cuando se requiera cooperación legislativa entre Estados. En cualquier caso, los Estados miembros tienen siempre la prerrogativa de decidir si abordan o no un obstáculo y cómo lo hacen.
Alrededor de 150 millones de europeos viven cerca de una frontera, en regiones con un enorme potencial de crecimiento económico e integración, pero cuyo desarrollo e interacciones se ven obstaculizados por discrepancias jurídicas y administrativas. Según un estudio financiado por la Comisión, la eliminación del 20% de los obstáculos actuales impulsaría el PIB en un 2% en las regiones transfronterizas y crearía más de un millón de puestos de trabajo.
BRIDGEforEU entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Será una poderosa herramienta para fomentar el desarrollo de los territorios fronterizos.