La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analizará esta semana en Bruselas dos solicitudes para estudiar las violaciones del Estado de Derecho en España y la erosión de las altas instituciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, el martes se analizarán dos peticiones relacionadas con las restricciones previstas por el Gobierno contra la acción popular y en abril se abordará el fondo del asunto en el marco de la comisión de Libertades de la Eurocámara.
La portavoz del PP y vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Montserrat, asegura que “es una ley ad hominem para librar de la acción de la justicia a las personas que rodean al presidente“. “Es la prueba de hasta dónde puede llegar este Gobierno para garantizar la impunidad de su círculo pues la acusación popular es un mecanismo de participación procesal previsto en el artículo 125 de la Constitución como derecho de los ciudadanos”, planteó.
“Limitar las vías de acceso a la tutela judicial de los ciudadanos, puede claramente favorecer la impunidad de hechos que pueden ser delictivos”, agregó.
Por su parte, la eurodiputada del Partido Popular, Alma Ezcurra, recalcó que “Europa no puede mirar hacia otro lado mientras en España se socava el estado de Derecho. Los propios ciudadanos imploran que desde las instituciones europeas investiguemos una deriva muy preocupante que recuerda demasiado a la de otros países, como Hungría”, recalcó Ezcurra, también miembro de la comisión de Peticiones.
El primero de los peticionarios, presentó un escrito contra la «Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», conocida como «Ley Begoña». Esta iniciativa, asegura, responde de forma «ad hoc» a investigaciones judiciales en curso que afectan a familiares del presidente Pedro Sánchez y busca restringir drásticamente la acción popular e introducir una causa de recusación de jueces por motivos “políticos”.
En la segunda petición se denuncia que la reforma de la acción popular, limita drásticamente la participación ciudadana en la Justicia, restringiéndola a ciertos delitos y excluyendo a partidos, asociaciones y entidades jurídicas. Además, establece un control judicial sobre los querellantes, dificultando aún más su personación en los procesos.
La Ley Begoña también llega a la Comisión de Libertades
La Comisión de Libertades del Parlamento Europeo también analizará en una reunión este próximo mes de abril la legalidad de la ‘Ley Begoña’.
A propuesta de la Delegación del Partido Popular a través del eurodiputado y presidente de dicha comisión, Javier Zarzalejos, el comité celebrará un intercambio de puntos de vista con expertos sobre las consecuencias para el estado de Derecho de la restricción en España de esta figura legal que vaciaría de contenido la acusación popular.
El eurodiputado del Partido Popular y también presidente de la Comisión LIBE, Javier Zarzalejos indicó que “esta iniciativa legislativa del Gobierno de España afecta a derechos importantes en el procedimiento penal y afecta naturalmente también a la libertad de expresión y de información”. Por tanto, asegura Zarzalejos “es algo que tenemos que analizar, entre otras razones, porque el Gobierno se escuda en una supuesta obligación europea para poder plantear una iniciativa que, claramente, tiene nombres y apellidos y, en ese sentido, es la antítesis de lo que tiene que ser una Ley que regula, ni más ni menos el acceso de los ciudadanos a la Justicia”.
En el caso de que los invitados puedan, el debate se celebrará el 8 de abril. Han sido invitados el comisario de Libertades, Michael McGrath (que puede participar de manera delegada), María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura; Joaquín Manso, director El Mundo; Julio Banacloche, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid; Javier García Roca, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.