La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado en el Parlamento andaluz el compromiso del Gobierno andaluz para que los municipios afectados por la DANA el pasado mes octubre puedan recibir cuanto antes los fondos para la recuperación y reparación de las infraestructuras dañadas. «Este Gobierno vuelve a dar una respuesta ágil, eficiente y rápida a las necesidades de aquellos andaluces que han sufrido los efectos de esta catástrofe natural», ha señalado durante el debate de convalidación del Decreto Ley en el Parlamento autonómico.
Durante su intervención, España ha recordado que inmediatamente después del temporal, la Junta «dió una respuesta inmediata a la catástrofe natural, se atendieron más de 300 incidencias durante el temporal que afectaron a la red viaria de titularidad autonómica que movilizaron más de 500 efectivos sobre el terreno, y a la vez que nos pusimos manos a la obra para anticiparnos al futuro».
Así, ha detallado que ya el 5 de noviembre el Consejo de Gobierno dictó sendos acuerdos para, por un lado, declarar la situación excepcional conforme a lo previsto en el Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, a fin de articular una respuesta inmediata y efectiva a las incidencias provocadas por la DANA. Y por otro, declarar desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario andaluz, lo que permitió adoptar medidas para mitigar ese impacto. De esta forma, se estableció un primer listado de 69 municipios afectados, ha recordado la consejera, quien ha celebrado la coordinación desplegada entre las Consejerías de Fomento, Agricultura, Justicia, Presidencia y Hacienda con los distintos alcaldes, pero también con otras instituciones como Diputaciones provinciales y subdelegaciones.
Con posterioridad, el 12 de noviembre de 2024 se adoptó un segundo acuerdo para ampliar ese listado de municipios afectados por dicha declaración de desastre natural a consecuencia de la DANA hasta 92 localidades. Y, por último, y a consecuencia de la segunda DANA que afectó a Andalucía entre el 11 y el 15 de noviembre, el 26 de noviembre de 2024 se aprobó un nuevo acuerdo de declaración de situación excepcional que permitió la inclusión de nuevos municipios perjudicados por este nuevo temporal.
«Con este escenario de emergencia, se han adoptado medidas urgentes para paliar los efectos de la catástrofe y apoyar tanto a los ayuntamientos como a los sectores más afectados», ha insistido España. En este sentido, la consejera ha resaltado que el pasado 16 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó ampliar el capital de la Sociedad de Garantía Recíproca GARANTIA (SGR) para fortalecer su capacidad de otorgar nuevos préstamos y créditos avalados a pymes y autónomos de Andalucía en condiciones preferentes hasta los 150 millones de euros.
España ha puesto de relieve que el elevado volumen de entidades locales afectadas tanto en la primera como en la segunda DANA, la concurrencia de dos declaraciones de situación excepcional en tan corto espacio de tiempo, así como la dimensión de los daños acontecidos, «podría suponer un retraso imprevisible en la puesta a disposición de las entidades afectadas de las dotaciones económicas acordadas». De ahí, ha señalado, la necesidad de facilitar de manera extraordinaria y urgente la efectiva disponibilidad de esta colaboración financiera a las entidades locales afectadas.
«Es por esto por lo que se adelantan las ayudas a los municipios afectados mediante un anticipo de pago presupuestario para que puedan recibir los fondos, con una previsión económica de 20 millones de euros, antes del cierre del presente ejercicio, antes del 31 de diciembre», para posibilitar la restauración de las infraestructuras públicas afectadas y la reanudación de los servicios públicos esenciales afectados a la mayor brevedad posible.
Asimismo, España ha resaltado que el Decreto ley recoge una medida fiscal extraordinaria, la rebaja del 100% del impuesto sobre transmisiones de vehículos para todos aquellos vecinos de las zonas afectadas que hayan perdido su coche y adquieran uno de segunda mano a algún particular.
«Como pueden ver, este Gobierno vuelve a dar una respuesta ágil, rápida y eficiente a las necesidades de aquellos andaluces que han sufrido los efectos de esta catástrofe natural y que en estos momentos requieren de todo lo que esté al alcance de nuestras manos para ayudarles a salir de esta situación tan grave», ha señalado, «porque ésta y no otra es nuestra forma de hacer política: poner al ciudadano en el centro de nuestra acción de Gobierno con políticas útiles».
Ayudas excepcionales a las universidades públicas
Por otro lado, la consejera ha explicado que el decreto ley incluye un marco especial dentro de la Ley Andaluza de Universidades para apoyar al sistema universitario público, «de tal manera que permita conceder préstamos reintegrables de carácter excepcional a las universidades que se encuentren en una situación extraordinaria, a fin de poder atender a las obligaciones derivadas de la inversiones en infraestructuras y modernización de instalaciones sin que esto afecte a la prestación de servicios», ha explicado.
España ha resaltado que la extraordinaria y urgente necesidad de esta medida se justifica en que una Universidad pública, la de Málaga, ya ha comunicado que se encuentra en esta situación de excepcionalidad, por lo que ha requerido la aportación de financiación extraordinaria por parte de la Comunidad Autónoma no incluida en el Modelo de Financiación, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de septiembre de 2023.
En concreto, la Universidad de Málaga ha manifestado la necesidad de contar con un préstamo de 48,5 millones de euros, que tendrá como límite un plazo de amortización de 21 años, con un tipo de interés que como mínimo será del 1%. La concesión de dicho préstamo, ha recordado la consejera, se vincula al compromiso por parte de las universidades solicitantes a reconducir su situación financiera hacia parámetros de estabilidad.
«Este Gobierno lleva en su ADN respaldar a las universidades andaluzas haciéndolas más competitivas y garantizando su financiación», ha insistido, «y si no se establece un marco específico en la Ley que permita resolver estas situaciones excepcionales podría no quedar garantizada la prestación de los servicios públicos al alumnado universitario en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía».
«Hoy las universidades andaluzas pueden estar seguras de que este Gobierno es un Gobierno que cumple, que escucha y que atiende a las necesidades de los andaluces»; ha concluido la consejera.