Santander- 17.03.2025
El pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy la Ley de Simplificación Administrativa de la comunidad autónoma, que establece por primera vez el deber general de simplificar, de eliminar burocracia y trámites innecesarios para poner fin a los procedimientos eternos en el seno de la Administración autonómica, hacer la vida más fácil a ciudadanos y empresas, y facilitar el desarrollo socioeconómico.
«Esta ley es el revulsivo que nuestra comunidad autónoma no solo necesita, sino que estaba clamando, un clamor fuera y dentro de la Administración (…); habrá un antes y un después en esta tierra», ha señalado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, en su intervención en el pleno que ha aprobado esta norma, uno de los principales proyectos de legislatura del Gobierno presidido por María José Sáenz de Buruaga.
Según ha asegurado la consejera, Cantabria ha sido de las últimas comunidades en tener una norma propia en este ámbito, si bien ahora «contamos con la mejor ley» del país y en «un tiempo record», poniendo fin a los periodos en los que nuestra comunidad y sus gobiernos «miraban para otro lado».
Urrutia ha agradecido la participación de la sociedad en la elaboración de la ley con aportaciones de sectores económicos y sociales. Es una ley «que nace la sociedad», ha asegurado la consejera, que ha valorado también la contribución del Parlamento en su mejora.
«Más inversión, más proyectos, más empleo, más agilidad, más rapidez, más eficiencia, más crecimiento, más desarrollo. ¿Alguien puede decir a esto que no?», se ha preguntado la consejera de Presidencia en su intervención en el pleno, en la que ha detallado los avances que supondrá la nueva ley autonómica.
Entre ellos, la nueva norma establece el deber general de simplificación, lo que lleva aparejado la reducción de trámites y cargas, la reducción de los plazos de resolución y la eliminación de la exigencia de aportación de documentación.
Se generaliza el silencio positivo, excepto si una ley nacional o de derecho europeo lo determina desestimatorio, y se establece la obligación en todos los procedimientos de la utilización de las declaraciones responsables o comunicaciones, siendo solo residual la licencia o autorización cuando lo diga otra norma de rango superior.
La nueva ley reduce los plazos de los procedimientos: como regla general, resolverá en 3 meses, y se establece la gestión coordinada de los mismos, a través de un marco de trabajo instrumental, organizativo y temporal para el ejercicio de las competencias.
Además, el plazo de emisión de informes y dictámenes es de 10 días y, en el caso de no ser vinculante, se podrá seguir con la tramitación del procedimiento, incluida su resolución. El Gobierno cántabro también eliminará la duplicidad de los controles innecesarios y la solicitud conjunta de los informes, no condicionando uno a otro, y habrá modelos normalizados de utilización obligatoria y se elaborarán guías y protocolos de cada procedimiento.
Proyectos estratégicos
La nueva ley regula la unidad de mercado, como libre acceso a la actividad económica en las mismas condiciones que en todo el territorio nacional, y crea un marco de tramitación preferente para fomentar la actividad productiva y el empleo mediante la declaración de inversiones empresariales de carácter estratégico, tanto respecto a proyectos de promoción pública como privada.
Con ello, se reducirán plazos y se accederá de forma preferente a incentivos a la inversión o líneas de financiación, entre otros beneficios, en atención a su contribución a la reactivación económica. La unidad aceleradora de proyectos, adscrita a la Presidencia del Gobierno, llevará la gestión de estas iniciativas.
En este punto, la consejera ha destacado que la Administración regional tendrá ahora un papel «facilitador» de proyectos, de desarrollo económico y de inversión en nuestra tierra, y ha detallado que un ciudadano, empresario o inversor podrá iniciar su actividad «al día siguiente» de presentar la declaración responsable con la que «tiene que cumplir con todos los requisitos».
Con el fin de ofrecer las oportunas garantías, la Ley regula las entidades colaboradoras de certificación, acreditación y registro para agilizar los trámites que se deben presentar ante la administración pública, y establece un régimen sancionador para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones.
Modificaciones normativas
Por otro lado, según ha resaltado la consejera en el pleno, se introducen mejoras normativas para eliminar trámites innecesarios y agilizar los tiempos de respuesta relacionados, por ejemplo, con los procedimientos de los planes de autoprotección de protección civil, en materia de autorizaciones de aguas, cotos de caza o en salud, para el reconocimiento de la condición de autoridad del personal sanitario.
Igualmente, se eliminan trámites en la organización campamentos y actividades para jóvenes, para la obtención del carné joven o en el proceso de reconocimiento de la condición de familia monoparental.
En materia de servicios sociales, se reducen los tiempos de espera con el reconocimiento de la discapacidad, otorgando de forma automática por grado de dependencia un grado de discapacidad: en grado I, un 33 por ciento; grado II, un 66 por ciento de discapacidad, y en grado III, el 80 por ciento de discapacidad, eliminando el doble trámite.
En especial, Urrutia ha destacado el impulso a la construcción de vivienda libre y protegida para hacer frente al «grave» problema que existe en el país. Así, se introduce la posibilidad de favorecer a través de proyectos de interés regional (PSIR) la construcción de grandes equipamientos que lleven aparejados la construcción de más vivienda libre y protegida o incluso un gran equipamiento público de interés regional, como un instituto o un hospital.
«Se trata de abrir la puerta a la colaboración público privada para poner más vivienda en el mercado, más barata y multiplicar la inversión regional, ¿dónde está el problema?», se ha preguntado la consejera, tras lo que ha asegurado que este cambio normativo es «puro interés público» y «lo vamos a seguir defendiendo».
La norma recoge la aprobación de un Plan de Simplificación en 6 meses, la revisión de los silencios y los plazos de resolución, la creación de un grupo de trabajo en la materia, la emisión de informes anuales de evaluación de los cumplimientos, junto a reconocimientos específicos para las entidades y departamentos que más simplifiquen. «Es un gran reto, un gran trabajo al que nos enfrentamos», ha concluido.
La norma será de aplicación a la Administración autonómica como a su sector público institucional y también en la administración local de Cantabria.