El Parlament de les Illes Balears ha convalidado hoy el decreto Ley de medidas extraordinarias y urgentes en materia de capitalidad de Palma e Ibiza, de Menorca Reserva de la Biosfera y de transporte interinsular de residuos de Formentera a Ibiza. El nuevo Decreto plantea que las transferencias mínimas anuales vinculadas a la Ley de capitalidad de Palma e Ibiza y la aportación para Menorca sean de 33 millones de euros anuales en total. Asimismo, el nuevo decreto contempla la posibilidad de financiar el traslado de residuos desde Formentera a Ibiza para su tratamiento.
Así, en primer lugar, se reconocen y transfieren 50 millones de euros al Ayuntamiento de Palma correspondientes a las anualidades de 2024 y 2025, «en cumplimiento de una voluntad política», según ha explicado el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.
Además, se modifica con carácter permanente la Ley de capitalidad de Palma, de forma que esta nueva regulación habilite un sistema que permita una financiación más ágil y flexible en la parte imputable a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y asegure una aportación anual mínima, mediante una transferencia de 25 millones de euros, además del porcentaje mínimo de inversión territorializada en el municipio de Palma en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que se mantiene en el 16 % ya vigente.
En la misma línea, se modifican la ley de capitalidad de Ibiza y la ley Menorca Reserva de la Biosfera, de forma que también se aseguran en estos casos determinadas aportaciones anuales mínimas, de 4 millones de euros para el Ayuntamiento de Ibiza y otros 4 para el Consell de Menorca.
Durante su intervención, el vicepresidente Costa calificó de «histórico» el decreto ley. «Hasta ahora, la capitalidad o la Reserva de Biosfera se podía pagar con proyectos que ejecutaba propiamente la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Pero ahora, de forma específica y concreta las tres instituciones –el Ayuntamiento de Palma, el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell de Menorca- recibirán una consignación para que tengan más autonomía en la hora de decidir los proyectos», ha explicado.
Además, para poder enmarcar adecuadamente la cofinanciación a cargo del Govern de les Illes Balears de este bloque de medidas, se modifica la Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas. De esta manera, el régimen excepcional que prevé respecto de la posible cofinanciación de la CAIB de determinadas políticas públicas con competencias concurrentes o con financiación estatal o europeo a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma pero con destino a gastos o inversiones de competencia insular o municipal, incluirá expresamente las materias mencionadas.
«Con este decreto ley los proyectos o actuaciones de capitalidad lo serán a la vez de Turismo Sostenible, pero esto no excluye en ningún caso la posibilidad que las tres instituciones presenten proyectos adicionales al Impuesto de Turismo Sostenible», ha explicado Costa.
En el mismo decreto se modifica la disposición adicional decimotercera del decreto ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública de las Illes Balears. Se prorroga el tiempo para lograr el nivel de catalán por aquel personal que vía proceso de estabilización accedió a la condición de empleado público sin tener el conocimiento lingüístico exigido. De este modo, se evita su remoción, se garantiza su continuidad y se asegura la prestación de los servicios a la ciudadanía.
A la vez, con la aprobación de este Decreto ley, se añade la disposición adicional decimoquinta a la Ley de Función Pública de la CAIB que adecua el nivel de exigencia de lengua catalana al personal de agrupaciones profesionales del Servicio de Salud de las Illes Balears, entre los cuales se encuentran los celadores, ajustando de esta manera el conocimiento lingüístico a las funciones propias de su categoría.