- Jesús Moreno, que solicitaba que la imposición de la tasa no fuera de obligado cumplimiento para los ayuntamientos, considera la respuesta como “un varapalo para el PSOE”
- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, insiste en que “no es momento ni de derogar ni de relajar las medidas para implementar la normativa”
27 de diciembre de 2024.-
El alcalde, Jesús Moreno, el pasado 5 de noviembre hizo llegar una carta a la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, solicitándoles que “se inicien las modificaciones necesarias para que la imposición de la tasa de residuos no sea de obligado cumplimiento y, menos aún, no deficitaria”, para los ayuntamientos que, como en el de Tres Cantos, estaba bonificada al 100% para sus vecinos.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha hecho llegar al alcalde la respuesta a esta solicitud, en la que le recuerda que, en el informe elaborado por la Unión Europea, en el que se avisaba a España del riesgo de incumplimiento del objetivo de residuos municipales, se recogían 8 recomendaciones entre las que se encontraban el uso de instrumentos económicos para mejorar su gestión y la introducción de impuestos a través del artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE para pagarlo, bajo la premisa de “quien contamina, paga”.
Jesús Moreno asegura que esta respuesta “es un varapalo para su propio partido, el PSOE, que es el que ha impuesto una tasa que no garantiza una disminución en la generación de residuos” y añade que “meter la mano en el bolsillo de los tricantinos no es la mejor forma de concienciar sobre la recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos”.
Por su parte, Hugo Morán, sobre esta cuestión, señala que no hay que olvidar que: “el coste por la prestación del servicio de gestión de los residuos domésticos está siendo asumido en su mayoría por todos los ciudadanos ya, bien de forma directa con una tasa específica de basura, bien de forma indirecta en otros tributos locales (por ejemplo, el IBI), lo que es poco transparente para el ciudadano que no sabe cuánto cuesta la gestión de los residuos y cómo reducirlo” y añade que “no es momento de derogar ni de relajar las medidas para implementar la normativa” y “conseguir los objetivos fijados en la misma, incluidas las medidas económicas y fiscales, que redundarán no solo en objetivos ambientales sino también sociales y económicos”.
Jesús Moreno se reafirma en que “esta normativa es ineficiente y supone una invasión de la autonomía municipal”.