En la Comisión de Interior
La portavoz de Interior de Grupo Popular en el Congreso, Ana Vázquez,
denuncia que los ayuntamientos que no pueden recaudar el IBI de los centros
penitenciarios están obligados, sin compensación alguna, a suministrarles
servicios esenciales como el agua potable o la recogida de basuras, así como
a mantener en buen estado la red viaria que conduce a estos centros o a los
juzgados de paz. Además, aclara que la población reclusa no figura en el
padrón municipal, por lo que no computa a efectos de financiación, pese al
evidente impacto económico que supone para los consistorios
“Cuando Cataluña asumió la competencia de prisiones en 2015, el Gobierno
aprobó el Real Decreto 31/2015, que estableció dos tipos de compensación
para los ayuntamientos con centros penitenciarios”, explica. “Por un lado, no
se les eximió del cobro del IBI, que siguen recibiendo con normalidad, y, por
otro, se les reconoció una compensación adicional por cada recluso, en
reconocimiento al coste añadido que asumen estos municipios”, señala
Exige “medidas complementarias y compensatorias por parte del Estado, que
así lo contempla en los PGE, para que la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local pueda dictar resoluciones y favorecer estos
procedimientos de compensación a solicitud de los interesados”
Por su parte, la diputada del GPP, Mª Eugenia Carballedo, reclama al
Ejecutivo mayor implicación en la seguridad y protección de los jóvenes en la
Comunidad de Madrid y urge a Marlaska y al delegado del Gobierno a ejercer
sus competencias ante la creciente actividad de bandas juveniles violentas y
actuar con firmeza y responsabilidad
Defiende que es imprescindible garantizar la seguridad en las calles y
proteger a los jóvenes frente a las organizaciones violentas que tratan de
captarles para actividades delictivas. “La Comunidad de Madrid está
comprometida con la prevención y la convivencia, pero el Gobierno debe
asumir su parte y ejercer plenamente sus competencias”, subraya
Advierte que el fracaso del Ejecutivo no se debe al trabajo de los policías,
“sino a la falta real de efectivos en la seguridad ciudadana, ya que la mayoría
están destinados a servicios centrales, escoltas de ministros y altos cargos,
y vigilancia de organismos públicos. Agradece la labor de las FCSE,
especialmente la de la policía judicial, atacada desde Moncloa por investigar
la corrupción sanchista”
Finalmente, la diputada del GPP, Isabel Borrego, denuncia que obtener el
carnet de conducir en España puede retrasarse hasta seis meses en algunas
provincias, afectando a alumnos y autoescuelas. “La falta de examinadores y
un sistema ineficiente son, asegura, las principales causas del colapso”
Advierte de una situación insostenible que pone en riesgo a las autoescuelas
y la calidad de la formación vial y critica que no se cubran las plazas vacantes
de examinadores. Remarca que “muchos jóvenes se ven obligados a
desplazarse a otras provincias para examinarse, asumiendo un sobrecoste
económico”