El portavoz adjunto del GPP Sergio Sayas afirma que “la ley de vivienda ha sido un sonoro fracaso” y que “lo único bueno” que puede hacerse con esta norma es derogarla
- El portavoz adjunto del GPP Sergio Sayas afirma que “la ley de vivienda ha sido un sonoro fracaso” y que “lo único bueno” que puede hacerse con esta norma es derogarla
- Subraya que “los precios de la vivienda se han incrementado más de un 30% desde que Sánchez está en el Gobierno”
- Añade que esta ley supone también “un puente de plata para los okupas”, como prueba que las denuncias por este delito desde que Sánchez está en el Ejecutivo han aumentado más de un 34,5%
- La portavoz de Agenda Urbana del GPP, Cristina Agüera, critica que los socialistas y sus socios lleven más de un año bloqueando en el Congreso la Proposición de Ley del PP contra la okupación, una decisión que “está alimentando esta lacra”
- Responsabiliza al Ejecutivo del aumento de la inquiokupación en nuestro país, ya que aquellos que no pagan el alquiler “se ven amparados por una normativa injusta y desequilibrada”, al tiempo que solicita la creación de un registro de afectados por este fenómeno
- Exige que se tengan en cuenta las propuestas del PP, que incluyen “el desalojo en un plazo máximo de 24 horas, la prohibición de empadronamiento, la posibilidad de que las comunidades de propietarios actúen y el endurecimiento de las penas para quienes se lucran con ello”
- Por su parte, el portavoz de Vivienda del Grupo Popular, Joan Mesquida, acusa alGobierno de hacer “una política intervencionista que reduce la oferta y castiga al que quiere poner una vivienda en alquiler”
- Denuncia que el Ejecutivo “ahuyenta la inversión” y que la “maraña burocrática y la inseguridad jurídica” expulsa a quienes quieren rehabilitar o construir viviendas
- Lamenta “el drama habitacional” que estamos viviendo, y recuerda la importancia de utilizar la tecnología para “acortar trámites entre administraciones y priorizar la construcción de las viviendas residenciales y habituales”. “Si la emergencia es la vivienda, no puede ser la propia administración pública la que bloquea la solución”, remarca