El GPP acusa al Gobierno de someter a agricultores y ganaderos a un infierno fiscal y le insta a defender al sector con una ley que alivie su carga impositiva

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• El diputado del GPP Javier Folch denuncia que el Gobierno no tiene ningún plan para proteger a nuestro sistema agroalimentario en “un contexto de incertidumbre y vulnerabilidad”, en el que la guerra en Ucrania ha elevado los costes de producción y los precios de los alimentos que paga el consumidor

• Señala que a este conflicto se suman también las tensiones en el Mar Rojo y los posibles conflictos en Asia como “nuevas amenazas” para el comercio agroalimentario. “¿Van a seguir de brazos cruzados mientras todo el sector se desangra o van a implementar medidas reales de apoyo económico, fiscal y financiero?”, pregunta a Planas

• También le acusa de vetar la ley de fiscalidad agraria del PP de apoyo al sector, para evitar su tramitación parlamentaria, “una norma muy aplaudida” por agricultores y ganaderos, del mismo modo que vetó las enmiendas del Grupo Popular a la Ley de prevención del desperdicio alimentario que pedían volver al IVA súper reducido para los alimentos básicos

• “Prefieren quebrar la legalidad, la doctrina del Tribunal Constitucional e incluso el criterio de los letrados, y hacer caso omiso a las peticiones de varios grupos parlamentarios”, lamenta

• Reivindica asimismo la labor parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso para el sector primario, que ha posibilitado que los ganaderos hayan puesto fin a “años de sufrimiento” con la salida del lobo del listado del LESPRE, la vuelta al contrato temporal frente al fijo discontinuo para el campo y la posibilidad de contratación de la doble tarifa eléctrica

• Reprocha igualmente al Ejecutivo que sigue sin responder con contundencia ante la competencia desleal que sufren nuestros agricultores y ganaderos ante la entrada de productos de terceros países que no cumplen con los mismos estándares de trazabilidad

• Subraya que la Estrategia Nacional de Alimentación, presentada “a bombo y platillo” por el Gobierno, se ha quedado en “una mera declaración de intenciones que no protege a nuestro sector”