El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la convocatoria para la concesión de las acreditaciones y ayudas públicas a Centros de Excelencia ‘Severo Ochoa’ y a Unidades de Excelencia ‘María de Maeztu’ correspondiente al año 2025, que estará dotada con 78 millones de euros, lo que representa un 83% más que en 2018, y que serán ampliables hasta 93 millones de euros en caso de disponibilidad presupuestaria.

A través de estas acreditaciones, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) identifica, reconoce y financia a los mejores centros y unidades de investigación con liderazgo internacional en nuestro país.

El programa tiene como objetivo impulsar la calidad de la investigación científica española mediante el reconocimiento a los mejores centros y unidades, que destacan por la relevancia e impacto internacional de los resultados obtenidos.

La convocatoria está destinada a centros y unidades de investigación en el sector público, así como a instituciones privadas sin ánimo de lucro. Deberán tener liderazgo científico consolidado, capacidad para avanzar en la frontera del conocimiento y generar resultados de alto impacto en cualquiera de los ámbitos científicos: ciencias de la vida, matemáticas, físicas, químicas, ingenierías, humanidades y ciencias sociales. Además, deberán mostrar una notable atracción de talento.

Además del reconocimiento y el prestigio institucional, el programa ofrece a los centros y unidades acreditados financiación anual durante cuatro años para el desarrollo de su Plan Estratégico; financiación específica para la contratación de investigadores e investigadoras predoctorales, y trae consigo una mayor capacidad de acceso a financiación privada.

Medidas para reforzar el modelo

Esta convocatoria, que se lanzará en el mes de mayo, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), incorpora algunas medidas destinadas a reforzar el modelo como, por ejemplo, el aumento de su financiación hasta los 78 millones de euros, casi 3 millones más que en la edición de 2024, y ampliables hasta los 93 millones de euros.

Para dar respuesta al incremento del salario mínimo de los contratos predoctorales —que ha aumentado un 48% desde 2018— también se ha fijado la cuantía de las ayudas para formación de personal investigador predoctoral en 134.200 euros por investigador/a para un periodo de cuatro años.

Además, se ha realizado un reajuste en la definición de “unidad”, con el objetivo de alinearse con estructuras ya existentes y reconocidas formalmente en las universidades (como departamentos o institutos de investigación). Con ello, se pretende evitar la proliferación de estructuras nuevas y ad-hoc, que no respondían a la lógica institucional que se desea promover.

Con este programa, el Gobierno de España consolida su compromiso con la I+D de excelencia. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado el compromiso del Ejecutivo para fortalecer la excelencia científica de nuestro país y proyectarla internacionalmente. “Invertir en ciencia garantiza nuestro valor como país, nuestra competitividad y el bienestar de nuestra ciudadanía”, ha asegurado.

Una muestra del avance son los datos relativos a los principales indicadores de impacto en investigación y transferencia de conocimiento de esta iniciativa, enmarcada en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Así, según datos de los centros y unidades acreditados, en 2023, se concedieron, por ejemplo, 142 patentes, se cedió la licencia de uso de 100 patentes, se crearon 15 start-ups y se registraron 60,9 millones de euros en ingresos derivados de colaboraciones con empresas y entidades sin fines de lucro.

“Nuestra prioridad es consolidar las capacidades científicas de nuestro país con el presupuesto más alto de la historia, porque sin ciencia no hay futuro”, ha insistido la ministra Morant.

Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda con hasta 135,4 millones de euros

El Gobierno también ha dado luz verde a la convocatoria 2025 de las ayudas públicas en el marco de la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda (FID), destinadas a que compradores públicos desarrollen y adquieran productos o servicios innovadores, por un importe de hasta 135,4 millones de euros.

Estas ayudas están destinadas a que compradores públicos (organismos y entidades que tengan la condición de poder adjudicador y presten un servicio público) desarrollen y adquieran productos o servicios innovadores, contribuyendo así a mejorar los servicios públicos.

También tiene como objetivo reforzar la comercialización de la innovación y estimular el emprendimiento y la innovación, particularmente de las PYME.

El programa, que se tramita a través de la Secretaría General de Innovación, está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y está integrado en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027. El plazo de ejecución de los proyectos financiados en esta convocatoria será como máximo de cuatro años a contar desde la fecha de presentación de solicitud de ayuda, debiendo estar concluidos a 31 de diciembre de 2028.

Desde 2018, la financiación a este tipo de proyectos se ha multiplicado por más de 20, gracias a la simplificación del proceso, los esfuerzos en difusión y al interés de las entidades públicas en la compra pública de innovación.

En concreto, en 2018 los compromisos financiados por la línea FID fue de 5,8 millones de euros, pasando a 76,3 millones de euros en 2020 y a 123 millones de euros en 2024.

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