En medio del proceso de ajuste y las auditorías implementadas por el Gobierno de Javier Milei desde su asunción, se procedió a la eliminación de tres fondos fiduciarios en los que se detectaron irregularidades en su gestión.
Estos fondos son el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), cuyas actividades fueron suspendidas a partir del Decreto 6/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Entre los motivos expuestos por la administración libertaria se destacaron las irregularidades en la administración y el incumplimiento de los objetivos para los que fueron creados. De este modo, el número total de fondos eliminados asciende a más de siete desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
Las irregularidades
Según un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), los tres fondos presentaban diversas anomalías.
En el caso del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado bajo la Ley 27.078 con el objetivo de desarrollar tecnologías de la información y la comunicación, se detectó que varios programas asociados carecían de la documentación necesaria para justificar su continuidad y no cumplían con los fines establecidos. Cabe resaltar que el acceso al Servicio Universal sigue vigente, al igual que la obligación de realizar las inversiones previstas.
En el caso del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, creado por la Ley 27.341 con el propósito de financiar programas de vivienda e infraestructura básica utilizando fondos públicos, privados y de organismos internacionales, se encontraron obras finalizadas sin las correspondientes rendiciones de cuentas y proyectos que fueron rescindidos sin la devolución de los fondos.
Por último, el Prodaf, cuyo objetivo era facilitar el acceso al crédito para los beneficiarios, fue considerado innecesario tras haber cumplido con sus metas iniciales.
Una de las medidas más destacas de ajuste se adoptó en noviembre de 2024, cuando un solo Decreto, el 1048/2024, dispuso el cierre de cinco fideicomisos.
Estos fondos fueron el Fondo para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el Fondo para la Refinanciación Hipotecaria, el Programa de Inversiones Estratégicas, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
En ese momento, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, adelantaba en la red social X los próximos pasos a seguir. «Se terminó el Foncap y se van a terminar varios más en los próximos días. Basta de fondos y fideicomisos, cuyo creación siempre obedeció a usarlos como cajas políticas«, expresó.
La publicación se sumaba a las declaraciones de Manuel Adorni, vocero presidencial, quien aseguraba que esta medida permitiría al Estado ahorrar alrededor de 100 millones de pesos al mes, sin que el contribuyente tuviera que seguir soportando gastos innecesarios.
En relación con el FONCAP, Adorni precisó que «el 74% del total de los gastos del FONCAP correspondía a sueldos y cargas sociales, con 20 millones de pesos destinados a oficinas, y 80 millones por mes asignados a sus 26 empleados, que en el último año otorgaron apenas 20 créditos«.
Dentro de las medidas adoptadas, el Gobierno de Milei también subrayó que, a través de la Ley Bases, tiene la facultad de «modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las reglas que allí se establecen«, tal como lo recomendó el Ministerio de Economía.
Asimismo, se recordó que las obligaciones de los fiduciarios seguirán vigentes, con el objetivo de asegurar la coordinación y la recopilación de información, así como la ejecución de las acciones necesarias para la administración de la disolución y posterior liquidación, bajo la supervisión de la cartera que dirige Caputo.