Madrid (España)
En el documento remitido se detalla que, de las 30 recomendaciones trasladadas a España en esas dos rondas de evaluación, a día de hoy, 24 se consideran cumplidas o parcialmente cumplidas, mientras el Ejecutivo continúa avanzando en el estudio de las seis restantes para su implementación.
Informes sobre la IV y V ronda de evaluación
En 2024, nuestro país cerró la IV ronda de evaluación del GRECO, referida a la prevención de la corrupción en miembros de parlamentos nacionales, jueces y fiscales. En su informe, el propio organismo consideró implementadas, de forma total o parcial, diez de sus once recomendaciones. No obstante, finalizada la ronda de evaluación, España ha informado de la renovación del CGPJ, exigencia reiterada desde este organismo. Con ello, se da por cumplida la única recomendación pendiente de esta evaluación.
En cuanto a la V ronda, referida a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad de miembros de Gobiernos centrales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el GRECO concluye que España ya está cumpliendo parcialmente 13 de las 19 recomendaciones, tal y como se puede comprobar en los informes publicados en el día de hoy.
En este sentido, celebra la adopción del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado, basado en la evaluación de riesgos, un código ético, disposiciones sobre integridad y conflictos de intereses, formación o canales internos de denuncia, entre otras medidas.
España sigue avanzando hacia un mayor cumplimiento
Con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones pendientes, el Gobierno ha dado traslado al GRECO de algunas medidas adoptadas a lo largo de 2024 y 2025, con posterioridad al informe. La principal, por ser de carácter transversal y orientadora de las prioridades del gobierno, es la aprobación del «Plan de Acción por la Democracia», una hoja de ruta para fortalecer los principales elementos del Estado de Derecho y dotar de más herramientas a la sociedad civil para evaluar la acción de los poderes públicos. Entre las primeras iniciativas desarrolladas de este Plan está la creación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo cuyos objetivos son garantizar la protección de la persona informante y servir de pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción. Al frente de esta institución estará el catedrático Manuel Villoria, nombrado esta misma semana en el Consejo de Ministros.
Asimismo, el Gobierno aprobó, el pasado mes de enero, el proyecto de Ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, que será la primera regulación de las relaciones entre los ‘lobbies’ y los empleados públicos susceptibles de recibir influencia.
Desde el pasado mes de julio, España también cuenta con un Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que se configura una autoridad administrativa propia y que viene a fortalecer la autonomía e independencia de la institución.
Además, tanto la nueva Estrategia de Gobierno Abierto como el Proyecto de Ley de Administración Abierta en el que trabaja el Ejecutivo son dos medidas cuya aprobación tendrá previsiblemente un impacto positivo en el cumplimiento de España con las recomendaciones del GRECO.