El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por unos 32,7 millones de euros (IVA no incluido) un contrato para la conservación y explotación de 122,34 km de carreteras en la Región de Murcia para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.
Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de las carreteras del sector 4, que incluyen 113,619 km de autovía. Son las siguientes:
- Autovía A-30, entre Ricote (km 112) y el aeropuerto (km 158).
- Autovía A-7, entre Santomera (km 553) y Alhama de Murcia (km 598).
- Autovía MU-30, en Alcantarilla y el Polígono Industrial Oeste, entre la conexión con la A-7 (km 0) y la conexión con la A-30 (km 23).
- Autovía MU-31, entre el Polígono Industrial Oeste (km 0) y la conexión con la A-30 (km 5,5).
- Autovía RM-15, entre los km 0 y 2,5 a la altura del Parque Empresarial San Andrés.
- Carretera N-344, entre los km 8 y 9 en Alguazas.
- Carretera N-301, entre Ricote (km 365) y Archena (km 372).
Junto a ellas, serán objeto del contrato la ejecución de estos proyectos:
- Proyecto de modificación de la señalización vertical y balizamiento para su adaptación al nuevo catálogo y denominación de la RCE en Murcia, con la puesta en servicio del arco noroeste.
- Proyecto de mejora de la capacidad de la salida 4 de la MU-30, margen izquierdo, en los términos municipales de Alcantarilla y Murcia.
Reducir emisiones
Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.
De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.
Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).
Características del modelo de conservación
El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.
A través de ellos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.