El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el proyecto de ley orgánica para la protección de personas menores de edad en los entornos digitales, un texto que sitúa a España a la vanguardia europea en la regulación de la seguridad digital infantil. La norma, que responde a un compromiso del presidente Pedro Sánchez, busca dar respuesta a la alta preocupación de las familias sobre los riesgos digitales para los menores.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la ley aborda un problema social de primer orden. Según datos presentados, “la edad media en la que los menores tienen su primer móvil es de 11 años”, y “el 99% de estos menores ya están presentes en redes sociales”. Además, “el 91% se conecta diariamente a Internet”, y la misma edad (11 años) es cuando acceden por primera vez a contenidos pornográficos.
El proyecto de ley incorpora múltiples medidas para proteger a los menores. Entre ellas, destaca “la obligación para fabricantes de dispositivos móviles de incluir sistemas de control parental efectivos”, lo que supone un cambio significativo respecto a los actuales controles que son fácilmente eludibles. Además, se regulan “los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos, que se asemejan a juegos de azar, con el objetivo de proteger a los menores” de comportamientos adictivos.
La norma también pone el foco en el fomento de competencias digitales y el uso responsable de tecnologías. Los centros educativos tendrán la obligación de regular el uso de dispositivos digitales, tanto en aulas como en actividades extraescolares. Se establece una protección especial contra las violencias de género y sexuales en entornos digitales, reconociendo a los menores como víctimas y garantizándoles el acceso a servicios de información, orientación y acompañamiento.
Entre las reformas penales más significativas se encuentran la creación de «órdenes de alejamiento digital», que impedirán a agresores comunicarse con sus víctimas en entornos digitales. También se considerará delito poner material pornográfico a disposición de menores, y se tipificarán como delitos contra la integridad moral los deepfakes vejatorios. La legislación sobre grooming se modificará para agravar los delitos contra la libertad sexual.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, subrayó que este proyecto de ley sitúa a España en una posición pionera para dar respuesta y certidumbre sobre un tema de especial interés social y familiar.
El texto, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, ha sido elaborado tras un exhaustivo proceso de análisis que incluyó 23 informes de diferentes organismos, entre los que se encuentran el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión Europea.