Madrid (España)
Pool Moncloa/Raúl Salgado
Se trata de la mayor reforma de la Ley 50/1981, que regula el Ministerio Público desde hace cerca de 45 años. Con ella, el Gobierno atiende, además, a las principales recomendaciones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) para el refuerzo de la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal.
Cambios en el mandato y cese del Fiscal General
Para garantizar su independencia, el mandato del Fiscal General del Estado será de 5 años y ya no coincidirá con el del Gobierno, como hasta ahora. Además, para impedir ceses discrecionales por parte del Gobierno, el FGE solo podrá ser cesado, en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial. El FGE tampoco podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros.
Mayor autonomía y transparencia
La reforma, además, otorga mayor autonomía a esta institución. Así, el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al FGE y no al Gobierno, como hasta ahora. A la vez, se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del FGE si cuenta con el apoyo de, al menos, las 3/5 partes de sus miembros.
La norma también refuerza la transparencia del Ministerio Fiscal y de las asociaciones de fiscales, que no podrán recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros. Asimismo, prevé la creación de un registro público de los fiscales encargados de preparar a opositores, que, además, necesitarán la autorización de la Fiscalía General del Estado para hacerlo.
Adaptación a las nuevas funciones
La reforma aprobada hoy por el Gobierno incluye también diversos cambios funcionales para facilitar que el Ministerio Fiscal se pueda ocupar de la instrucción de los procesos penales, tal y como prevé la futura LECrim.
Así, el Ministerio Público pasará a dirigir la Policía Judicial en sus funciones de investigación del delito. Además, el Fiscal Jefe será el responsable de nombrar al fiscal o fiscales encargados de la investigación en cada caso. El anteproyecto también incluye un régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de jueces y magistrados regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.