30/04/2025
En el Consejo de Ministros de hoy
El Gobierno aprueba la declaración institucional con motivo del Día Mundial de la seguridad y salud en el trabajo
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- Destaca la seguridad y salud en el trabajo como un pilar fundamental del trabajo decente
- También recuerda que se trata de un derecho fundamental
- La seguridad y la salud es una cuestión de género y, por primera vez, las empleadas de hogar tienen garantizados sus derechos en materia de prevención
- España cuenta con una legislación de vanguardia en materia climática que obliga a las empresas a adoptar medidas de protección frente a fenómenos meteorológicos adversos y que reconoce un permiso de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo
- España ha trasladado al debate europeo la necesidad de avanzar en la protección de los derechos psicosociales
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha implantado planes de choque para combatir la siniestralidad laboral
- Trabajo ha abierto una mesa para actualizar la normativa en materia de prevención vigente desde hace tres décadas
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional del Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo, una fecha instituida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para recordar la declaración del derecho al entorno de trabajo seguro y saludable como uno de los principios y derechos fundamentales.
En 2024 murieron 796 personas trabajadoras en el trabajo, una pérdida de vidas inadmisible, que no podemos admitir como sociedad y a la que hay que poner solución.
La declaración recuerda la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo además de las aportaciones de las organizaciones sindicales y empresariales.
La declaración es “una oportunidad para recordar que la prevención de riesgos laborales es un pilar fundamental del trabajo decente y una responsabilidad compartida que exige la implicación activa de instituciones, empresas, profesionales y trabajadoras y trabajadores. Porque la seguridad y la salud en el trabajo no son una opción, sino un derecho fundamental”.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social mantiene una mesa de diálogo social con los interlocutores sociales cuyo objetivo es actualizar la normativa en materia de seguridad y salud para dar respuesta a las nuevas realidades, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Estrategia de prevención
En el ámbito del Diálogo Social entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con las organizaciones sindicales y empresariales y las comunidades autónomas, se ha aprobado la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo que plantea el marco de la prevención de riesgos laborales hasta 2027 para hacer frente a los desafíos en materia de prevención que plantean las nuevas formas de empleo, la evolución demográfica o el cambio climático.
Esta estrategia también apuesta por la formación y la mejora de la gestión en las empresas, independientemente de su tamaño.
Empleadas del hogar
La declaración también subraya que “se ha garantizado la prevención de riesgos laborales en ámbitos que estaban excluidos de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, como el ámbito del servicio del hogar familiar, en el que, hoy por fin, cuentan con el reconocimiento de sus derechos en el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar; de igual forma, se ha avanzado para que otro colectivo feminizado, como el del servicio de ayuda a domicilio, goce de un verdadero derecho a la prevención de riesgos laborales. Porque la salud laboral es también una cuestión de género que no solo afecta de forma distinta a hombres y mujeres, sino que también ha olvidado en demasiadas ocasiones a las profesiones mayoritariamente ocupadas por estas”.
Prevención en el cambio climático
La declaración también recuerda los avances en la lucha contra los efectos del cambio climático que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) provocan la muerte de 18.970 personas por estrés térmico y otras 860.000 por exposición a contaminantes atmosféricos.
España cuenta con una legislación laboral que se responde a estos desafíos: “En el año 2023 se adaptó la normativa española sobre lugares de trabajo, obligando a las empresas a adoptar medidas de protección frente a fenómenos meteorológicos adversos. En noviembre de 2024 se ha dado un paso más, reconociendo un permiso de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso, pudiéndose ampliar hasta que la situación que lo ha motivado desaparezca. Además, y siguiendo las recomendaciones de la OIT, se ha previsto en el Estatuto de los Trabajadores que, a través de la negociación colectiva, se acuerden protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos. A ello hay que sumar las campañas que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva a cabo anualmente para prevenir los golpes de calor”, enfatiza la declaración.
También por primera vez, la Inspección de Trabajo ha llevado a cabo planes de choque contra los accidentes mortales en los sectores más sensibles.
Atención a la salud mental
Durante la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, España ha destacado por su labor “para impulsar el debate acerca de las repercusiones de la precariedad en la salud mental de las personas trabajadoras -propiciado un informe al respecto del Comité Económico y Social Europeo-, así como unas Conclusiones del Consejo que permitirán a la UE avanzar en la protección frente a los riesgos psicosociales”.