25/02/2025
• La CNMC será el coordinador de servicios digitales y refuerza sus competencias en materia de supervisión de medios de comunicación
• Se impondrán sanciones de hasta el 6% del volumen de negocio anual para las infracciones muy graves en materia de servicios digitales
• Se creará un registro público estatal de medios de comunicación para avanzar en la transparencia acerca de su propiedad y vías de financiación
Madrid, 25 de febrero de 2025.- El Consejo de Ministros ha estudiado este martes el anteproyecto de ley que adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. En concreto, el texto recoge modificaciones en tres leyes ya existentes para incorporar las provisiones de los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 (Reglamento Europeo de servicios digitales) y 2024/1083 (Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación).
La futura norma modificará la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para designar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales, otorgándole amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales. Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos será la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores.
Con este paso, se operativiza y facilita que “la CNMC vele porque los proveedores de servicios digitales (esto es: plataformas, buscadores, etc.) cumplan con la ley de servicios digitales. Estamos hablando de propiciar que los proveedores de servicios de internet tengan que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online”, ha enumerado el ministro López en su intervención en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
“Con esta iniciativa, avanzamos en la protección de los derechos digitales y en la defensa de la calidad de nuestra democracia. Hoy más que nunca, Europa y España deben ofrecer un espacio digital seguro donde se protejan todos los derechos fundamentales y los derechos específicos de los consumidores y usuarios. Porque lo que es ilegal offline, debe ser ilegal online”, ha subrayado el ministro.
El anteproyecto establece además un riguroso régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.
Registro público de medios de comunicación
El anteproyecto contempla asimismo la modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual para crear un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, dependiente de la CNMC, en el que los medios de ámbito estatal deberán inscribir y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional. El registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona. Se crearán además registros autonómicos, que estarán coordinados con el registro estatal, en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito autonómico.
Además, se establecerá un nuevo procedimiento liderado por la CNMC para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación, cuando esas operaciones involucren a medios que superen determinados umbrales de audiencia o volumen de negocio que se fijarán reglamentariamente.
Por último, el anteproyecto contempla la modificación de la Ley 3/2013, 4 de junio, de creación de la CNMC, para cambiar la estructura de este organismo con el fin de adaptarla a las nuevas responsabilidades que se le asigna la norma.