La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen del Castillo, ha denunciado en el Parlamento la discriminación que sufre Andalucía en la financiación de la gestión de las becas al alumnado no universitario, reclamando al Gobierno de España una compensación económica equitativa y el fin del «agravio comparativo» con otras autonomías como Cataluña.
Castillo ha subrayado que las becas y ayudas al estudio son «esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad educativa y la cohesión territorial». Sin embargo, ha lamentado que el sistema de gestión compartida con el Estado ha generado una «desigualdad clara» en la financiación y los recursos, perjudicando a la administración de la comunidad.
En su intervención, la consejera ha afirmado que Andalucía, que tiene transferida la gestión de las becas no universitarias, asume íntegramente tareas como la tramitación de solicitudes, pagos, inspección y resolución de recursos, «sin recibir compensación económica alguna» por esta labor. En contraste, el convenio de Cataluña con el Estado sí incluye una cláusula para compensar estos gastos de gestión.
Como ejemplo de esta disparidad, la consejera ha señalado que Cataluña recibió 18,8 millones de euros del Estado en 2021 para costes de gestión de becas, mientras que Andalucía no obtuvo ninguna compensación. «Imagínense la presión sobre nuestros recursos humanos y técnicos», ha enfatizado, y ha destacado que el coste por alumno en Andalucía es un 38% inferior al de Cataluña (2.454 euros por alumno, frente a 3.965 euros), a pesar de que Andalucía gestionó 306.109 solicitudes en el curso 2023-2024.
Además, Castillo ha añadido que la situación se agrava por la insuficiente dotación de personal. Para el curso 2023-2024, Andalucía contó con solo 135 empleados temporales (contratados durante dos meses) para gestionar el volumen tan elevado de becas. A ello se suma la exigencia del Gobierno de España de que Andalucía desarrolle un aplicativo propio sin apoyo estatal, mientras Cataluña recibe asistencia técnica del Ministerio.
La consejera ha calificado como el «último menosprecio» el Real Decreto 262/2025, que otorga a Cataluña la gestión integral de becas universitarias y no universitarias a partir de enero de el próximo año, incluyendo 2,1 millones anuales adicionales para personal y medios técnicos. «Mientras, aquí seguimos asumiendo la gestión sin financiación específica, pese a gestionar más becas no universitarias, 118.819 en Andalucía, frente a 53.866 en Cataluña», ha afirmado.
Estimaciones técnicas indican que Andalucía necesita entre 13 y 16 millones de euros para cubrir adecuadamente los costes de gestión de estas becas. «La actual distribución de competencias y recursos perpetúa un agravio comparativo hacia Andalucía, que gestiona más solicitudes con menos apoyo», ha afirmado.
Por ello, se insta al Gobierno central a incluir en los convenios anuales de colaboración una cláusula específica que garantice la compensación económica por los gastos de gestión de las becas no universitarias, proporcional al volumen de solicitudes y funciones asumidas. También se solicita abonar los importes correspondientes a los gastos ya incurridos por la comunidad autónoma de Andalucía en la gestión de estas becas, incluyendo ejercicios anteriores, en condiciones de equidad con otras comunidades que han recibido compensaciones análogas.