El declive de la libertad de expresión amenaza la integridad electoral

La erosión global de la libertad de expresión está comprometiendo la celebración de elecciones libres y justas, advirtió la relatora especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, Irene Khan*, al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos.

“La política polarizada, la desinformación rampante en redes sociales y un sector mediático debilitado están degradando el entorno electoral como nunca”, dijo Khan.

“Aunque las mentiras no son nuevas durante las elecciones, la tecnología digital y las plataformas de medios sociales han cambiado el juego, permitiendo y amplificando la degradación del entorno de información electoral como nunca antes”.

Confianza pública en mínimos históricos

El informe denuncia ataques a periodistas, funcionarios políticos, minorías y autoridades electorales, así como el uso de discursos de odio por figuras públicas, acciones que violan el derecho internacional.

Mientras algunos Estados han adoptado buenas prácticas basadas en la libertad de expresión, otros han difundido desinformación, denegado el acceso a la información, atacado a los medios de comunicación independientes y a los verificadores de hechos y criminalizado la expresión política con el pretexto de luchar contra la desinformación.

“Las grandes plataformas digitales deben anteponer los derechos humanos y la seguridad a sus intereses comerciales”, subrayó.

Con la confianza pública en mínimos históricos, Khan instó a Estados, empresas tecnológicas y sociedad civil a trabajar de forma conjunta para cerrar el déficit de confianza democrática.

Tecnologías digitales utilizadas para suprimir y perseguir a opositores

Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación fueron fuertemente restringidos en muchos países del mundo durante el ciclo de superelecciones 2023-2025, como parte de un esfuerzo deliberado por restringir el espacio cívico y sofocar el debate democrático, afirmó la relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica**, Gina Romero, quien también presentó su informe.

En este ciclo superelecciones, la mitad de la población mundial eligió a sus representantes locales, nacionales e internacionales.

Romero expresó su preocupación por la forma en que las tecnologías digitales, carentes de transparencia y supervisión, como el registro biométrico de votantes, el reconocimiento facial y los programas espía, se utilizaron para suprimir, perseguir y reprimir a activistas y opositores políticos, creando un efecto amedrentador sobre la participación.

“Estos actos represivos crearon miedo, limitando gravemente las libertades públicas y el pluralismo político, y socavaron los procesos democráticos y el derecho al voto”, afirmó.

Los gobiernos deben tolerar las críticas y garantizar el pluralismo de voces

La sociedad civil desempeña un papel clave a la hora de salvaguardar la integridad electoral, permitir un debate público libre y pluralista, supervisar las elecciones, prevenir la violencia y promover la inclusión.

Pero esta fue “estigmatizada, reprimida y criminalizada” afirmó Romero. Los activistas de la sociedad civil sufrieron acoso, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos, y los sistemas judiciales se convirtieron en armas para reprimir a la oposición.

“Los ataques o restricciones indebidas a las mismas socavan la participación pública, la legitimidad electoral y la paz social», dijo.

Los gobiernos deben garantizar el pluralismo, defender los derechos humanos de los actores de la sociedad civil, los observadores electorales y la oposición, derogar leyes represivas como la de agente extranjero, y garantizar la rendición de cuentas y la reparación por cualquier violación.

También “deben facilitar las libertades fundamentales antes, durante y después de las elecciones, fomentar la participación política inclusiva y tolerar las críticas”, instó Romero.

*Irene Khan es Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

**Gina Romero es Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica.

Los relatores especiales/expertos independientes/grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o la OACDH.

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