18 marzo 2025
El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El Gobierno reitera así su compromiso con la erradicación del racismo, con especial énfasis en el racismo estructural, y de la discriminación racial o étnica, abordándolos desde una perspectiva interseccional.
Además, recuerda que en 2025 se conmemoran los 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a España, lo que motivó la declaración de éste como Año del Pueblo Gitano.
El texto subraya “la necesidad de condenar y luchar de forma activa contra toda forma de discriminación basada en el lugar de procedencia, el color de piel u otras características personales, incluyendo manifestaciones como el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas conexas de intolerancia”. En ese sentido, el Gobierno se reafirma en la defensa activa de los valores de igualdad, tolerancia, respeto y convivencia, “pilares fundamentales de una sociedad más justa, en la que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes y acceder a las mismas oportunidades sin distinción alguna”. También se compromete a la promoción de políticas antirracistas que garanticen la igualdad de trato y la erradicación de cualquier forma de racismo y discriminación.
La declaración institucional reconoce los desafíos pendientes y hace referencia a la creciente amenaza que supone el discurso de odio racista y la desinformación en las plataformas digitales. A través de las redes sociales “se facilita la propagación y normalización del odio y la polarización de nuestras sociedades, contribuyendo a la estigmatización de las personas racializadas, especialmente en contextos electorales o de crisis o emergencias”.
En ese contexto, España avanza de manera decidida en la lucha contra el racismo y la discriminación con medidas como la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, para la igualdad de trato y la no discriminación; la creación de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación o el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027), entre otras iniciativas. Entre las líneas prioritarias de acción, el texto destaca el impulso de mecanismos adecuados de denuncia y la lucha contra la infradenuncia, con herramientas como el teléfono 021, destinado a la atención a víctimas de racismo y reforzado en los últimos años para ampliar la cobertura territorial y horaria. Además, hace mención a la próxima puesta en marcha de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, que garantizará el cumplimiento de la normativa, reforzará la protección de las víctimas y velará por la efectiva erradicación del racismo estructural y la discriminación racial o étnica, en línea con los compromisos internacionales y europeos en esta materia.
Para terminar, el Gobierno reconoce el trabajo de la sociedad civil a través de sus diferentes organizaciones y asociaciones y manifiesta su intención de seguir colaborando y trabajando junto a ellas para consolidar una sociedad más justa, inclusiva y libre de discriminación, con el convencimiento de que “el único camino para acabar con el racismo es ser, tanto desde el ámbito institucional, como en los ámbitos social y personal, abiertamente antirracistas”.