El Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio sobre las enmiendas parciales presentadas por los diferentes grupos con representación en el Parlamento de Andalucia al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2025. Así, el Gobierno andaluz manifiesta su criterio respecto a las 406 enmiendas de los distintos grupos parlamentarios remitidas por la Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos por afectar a la envolvente global o a las de las diferentes secciones presupuestarias. Es un requisito previo para que las cuentas andaluzas del próximo año puedan continuar su tramitación parlamentaria, una vez superado el debate a la totalidad.
En este sentido, el Consejo de Gobierno manifiesta su disconformidad con aquellas enmiendas presentadas que plantean modificaciones de la envolvente financiera fundamentadas en mayores impuestos, deuda o actuaciones presupuestarias carentes de rigor técnico. Además, cuestiona que muchas de ellas deben ser rechazadas por cuanto adolecen de una importante falta de concreción, al no especificar qué parte de las normas que citan pretenden derogar.
Así, rechaza aquellas que proyectan la derogación total o parcial de los decretos leyes en los que el Gobierno andaluz ha sustentado las sucesivas bajadas de impuestos, que constituyen un pilar fundamental de su política económica, y justifica que dichas rebajas fiscales se han realizado de manera responsable, cumpliendo los compromisos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y han llegado a todos los estratos de rentas, especialmente las rentas bajas y medias, al tiempo que han permitido elevar la recaudación al contar con mayor número de contribuyentes al favorecer un repunte de la actividad económica.
En concreto, el Consejo de Gobierno considera que son negativas para los andaluces aquellas enmiendas que proponen recuperar una mayor presión fiscal mediante la subida de tipos del IRPF por el que tributan los trabajadores, pensionistas y autónomos y la supresión de la deflactación de la escala autonómica; la eliminación de las deducciones a las familias en el IRPF; la retirada de las bonificaciones al impuesto sobre el patrimonio; el restablecimiento del impuesto de sucesiones y donaciones, o la puesta en marcha de nuevas figuras impositivas, como la tasa turística.
De manera consecuente, se ha manifestado también en contra de aquellas enmiendas de gasto que estaban soportadas en ese supuesto incremento de los ingresos que se derivaría de las anteriores. E, igualmente, rechaza las que plantean reprogramaciones técnicamente inviables de los distintos programas de fondos europeos.
En total, el Gobierno andaluz ha manifestado su disconformidad con 399 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía y Vox. De ellas, 37 alteraban la cifra de ingresos ya aprobada durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos y proponían un incremento de ingresos superior a los 12.200 millones de euros. El grueso de las enmiendas propuestas, 343, planteaban incrementos de crédito con cargo a esos nuevos ingresos. Asimismo, otras 19 planteaban aumentos de crédito en determinadas secciones presupuestarias con cargo a bajas en otras secciones diferentes.
Respecto a las 151 enmiendas planteadas por el PSOE, se han rechazado al proponer un incremento de ingresos de 3.223 millones de euros procedentes de la derogación de todas las medidas fiscales aprobadas en Andalucía, con incrementos tributarios por el Impuesto de Sucesiones y donaciones (1.452 millones), el impuesto sobre el patrimonio (99,7 millones) o el IRPF (250 millones). A ello se suma la recuperación de la subasta de medicamentos (250 millones) o la reprogramación de fondos europeos (1.170 millones).
De la misma manera, de las 181 enmiendas procedentes del grupo parlamentario Por Andalucía, se han rechazado aquellas que plantean la derogación de rebajas fiscales o la inclusión de nuevas figuras tributarias, como la tasa turística (340 millones de euros). Asimismo, incluyen una reprogramación de fondos europeos por valor de 5.024 millones y un remanente de tesorería de 700 millones con origen en las fianzas de alquiler y suministros, que por su propia naturaleza no puede destinarse a promoción y adquisición de vivienda. Proyectan además un ingreso de 1,6 millones de euros por arrendamientos de terrenos que ya está en marcha a través de las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz para optimizar los activos patrimoniales que obran en su poder.
Las enmiendas del grupo de Adelante Andalucía, por su parte, contemplan un incremento de los ingresos de 876,3 millones de euros mediante la supresión de las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio o la de la tasa de caza, por lo que el Gobierno andaluz se ha manifestado en contra de 49 enmiendas de este grupo parlamentario. Las 18 enmiendas con las que no ha habido conformidad de Vox no afectaban a la envolvente, pero sí a diferentes secciones presupuestarias.
Respecto a las siete enmiendas sugeridas por el Grupo Parlamentario Popular, el Consejo de Gobierno expresa su parecer favorable a que continúen la tramitación las vinculadas a la modificación del régimen aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante la vigencia del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, calificación que se justifica en la defensa de la autonomía fiscal de Andalucía y para evitar dispersión normativa.
De la misma manera, se expresa la conformidad con las enmiendas que impulsan la creación de un Plan de Sedes y para edificios públicos, así como la relativa a la modificación del artículo 86 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, ante la necesidad de asegurar una base financiera para el mantenimiento y expansión de las infraestructuras hidráulicas, apoyando el desarrollo económico de Andalucía.