El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este lunes una inversión de 8,2 millones de euros para garantizar la gratuidad del transporte en autobús durante el año 2025, según ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín.
Esta dotación económica, según ha explicado el consejero, supone un incremento del 24 por ciento respecto a la convocatoria anterior y con ello el ejecutivo mantiene el compromiso de bonificar al 100% el precio del billete del transporte público de viajeros por carretera.
Además, ante el anuncio por parte del Gobierno central de recortar una parte de la subvención al transporte de viajeros por carreta a partir del próximo 1 de julio, el consejero ha avanzado que la Junta de Extremadura asumirá ese gasto. En concreto, Martín Castizo se ha referido a la parte del precio del billete que asume la Administración central, que hasta ahora era del 30 por ciento y que a partir del 1 de julio bajará al 20 por ciento.
Ese diez por ciento que dejará de subvencionar el Estado será asumido por la Junta de Extremadura con el fin de «evitar que dicho recorte recaiga sobre los ciudadanos extremeños», ha asegurado Martín Castizo.
«Eso para Extremadura supondría un mazazo, ya que, a falta de unas comunicaciones dignas por ferrocarril, y a la falta de autovías nacionales eternamente prometidas, pero no ejecutadas, ahora habría que sumarle ese recorte a las ayudas al transporte por carretera», ha manifestado el titular de la Consejería de Infraestructuras.
Además, Martín Castizo ha justificado el incremento del presupuesto para este ejercicio en el hecho de que en 2024 se registraron en Extremadura 1,7 millones de desplazamientos en autobús, que -se estima- podrían aumentar en un 20 por ciento este año 2025.
DECRETO-LEY SOBRE URBANISMO
Martín Castizo ha anunciado también la aprobación, por el Consejo de Gobierno, de un nuevo decreto-ley de simplificación urbanística para agilizar el planeamiento y fomentar la promoción de vivienda.
Entre otras medidas, ha destacado «la simplificación de la aprobación del planeamiento municipal, al reducir el plazo de información pública de tramitación para modificar planes generales municipales de 45 días a un mes, cuando no se precise evaluación ambiental ordinaria».
Además, reduce de tres a dos los acuerdos plenarios municipales necesarios para la aprobación de las modificaciones de ordenación detallada y plantea eliminar la prohibición legal a 266 municipios con el fin de que puedan realizar modificaciones de su planeamiento urbanístico.
Otro aspecto destacado de este decreto -ha subrayado- es que prevé la cesión gratuita de suelo público para viviendas protegidas y la flexibilización del uso del suelo para promover viviendas sociales y dotacionales, así como sustituir la licencia de primera ocupación o utilización por una declaración responsable o comunicación previa.
PROYECTO DE DECRETO
Asimismo, en línea con el objetivo de agilizar los procesos urbanísticos y facilitar el acceso a la vivienda protegida, el Consejo de Gobierno ha estudiado un proyecto de decreto de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida, con el que se pretende reducir trámites que afectan al funcionamiento del mercado inmobiliario.
Entre otras medidas, este texto plantea «la unificación del plazo de protección en 20 años, eliminando disfunciones e inseguridad jurídica derivadas de plazos variables», ha explicado, así como la reducción de la necesidad de solicitar trámites como el tanteo y retracto por parte de la Junta, «que nunca han sido ejercidos desde su implantación».
Además, se establece una fórmula automática para calcular el precio máximo de venta en transmisiones posteriores, «vinculada al ‘módulo’ vigente según el tipo de vivienda, en lugar del sistema anterior basado en el IPC y fórmulas complejas», ha dicho el consejero.
Con todas estas medidas, en palabras de Manuel Martín, «la Junta de Extremadura pretende facilitar el acceso a una vivienda digna, activando el mercado de vivienda protegida y eliminando obstáculos administrativos innecesarios».
MANTENIMIENTO DE ITV’S
Finalmente, en el apartado de la Consejería de Infraestructuras, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio de mantenimiento, reparación, calibración y verificación de los diferentes equipos de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) gestionadas por la Junta de Extremadura en Badajoz, Cáceres, Mérida, Villanueva de la Serena, Zafra, Plasencia, Trujillo, Coria, Moraleja y Navalmoral de la Mata.
Estas estaciones, ha afirmado el consejero, «utilizan una serie de máquinas y equipos que deben estar en perfecto estado, para lo cual resulta imprescindible un mantenimiento preventivo periódico y otro correctivo cuando se averían».
La duración de este contrato será de 24 meses prorrogables y su importe asciende a 565.542,86 euros en tres anualidades.
INICIATIVAS DE EMPLEO EN EL ÁMBITO DIGITAL
Por otra parte, en la rueda de prensa para informar de los asuntos del Consejo de Gobierno, ha comparecido también la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, quien ha anunciado una inversión de más de cinco millones de euros para iniciativas de formación y empleo en el ámbito digital, todas ellas dentro del apartado de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.
El Ejecutivo ha autorizado una ayuda directa, por importe de 3,1 millones de euros, a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) para financiar el programa formativo Espacios Digitalex.
El objetivo de este programa, ha dicho la portavoz, es «reducir la brecha digital y mejorar la empleabilidad mediante actividades formativas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación». Se estima, ha explicado, que «en 2025 podrán participar unas 32.000 personas en este programa que está dirigido tanto a personas desempleadas como a trabajadores y empresarios».
Por otro lado, el Ejecutivo ha autorizado otra inversión, en este caso por importe de 1,7 millones de euros, para actividades de formación en tecnología SAP, «una herramienta de gestión empresarial de última generación que es utilizada por organismos públicos y entidades privadas de todo el mundo», ha asegurado Victoria Bazaga.
Esta actuación, que se enmarca en el Plan de Generación de Talento Digital de la Junta de Extremadura, «ya ha formado a más de 1.500 personas en áreas como la ciberseguridad, el análisis de datos, el desarrollo de software o la inteligencia artificial», ha destacado Bazaga.
Además, se destinarán 175.000 euros a un convenio con FEVAL para promocionar el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los gemelos digitales. Y, finalmente, se firmará otro convenio con la Fundación COMPUTAEX, dotado con casi 200.000 euros, para llevar a cabo un proyecto de inteligencia artificial aplicada al sector agroalimentario.
CAMPING DE PUERTO PEÑA
Por último, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras para renovar la piscina del campamento público de turismo Puerto Peña, en Talarrubias, con un presupuesto de 730.000 euros.
En concreto, ha detallado la portavoz de la Junta de Extremadura, «se va a construir una nueva piscina, tipo playa, con zonas diferenciadas para adultos y niños, y un área de juegos acuáticos para menores de cuatro años». Además, se construirá un nuevo quiosco de madera, con dos aseos accesibles.
El camping de Puerto Peña se encuentra ya en obras para su rehabilitación, después de permanecer 6 años cerrado al público, y la previsión es que vuelva a abrir sus puertas en el verano de 2026, ha anunciado Bazaga.