El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley “contra la opacidad algorítmica y el estudio para la posible creación de una Red Social de interés y de iniciativa pública de ámbito Europeo”.
La iniciativa, presentada por el Grupo Republicano, se ha votado en los términos de una enmienda propueta por el Grupo Junts per Catalunya, y ha salido adelante por 175 votos a favor y 167 en contra. El texto, dividido en nueve puntos, insta al Gobierno a:
“1. Impulsar la creación de una Red Social de interés e iniciativa pública de ámbito europeo, con posibilidad de financiación por parte de la Unión Europea y los Estados miembros, coparticipación público-privada y colaboración multinivel entre administraciones y agentes sociales, bajo controles parlamentarios democráticos y con pleno respeto a la protección de datos, la transparencia algorítmica y la libertad de expresión. Esta propuesta debe llevarse a debate en el marco de la negociación presupuestaria de la UE y ante la Comisión Europea.
2. Adoptar las modificaciones oportunas de normativas estatales e impulsar el desarrollo y, en su caso, la reforma de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la Ley de Mercados Digitales (DMA) y cualquier otra normativa internacional para garantizar la imposición de sanciones más severas a las grandes plataformas digitales que incumplan sus obligaciones, especialmente en lo que respecta a la moderación de contenidos, el uso de algoritmos opacos y la desinformación.
3. Instar a la Comisión Europea a desarrollar medidas para garantizar la integridad electoral ante la manipulación informativa en línea, incluyendo la obligación para las VLOPs de adoptar cambios en sus sistemas de recomendación y reforzar los mecanismos de verificación de la información.
4. Instar a la Comisión Europea a adoptar un enfoque holístico del ‘‘Escudo de la Democracia Europea’’, que incluya una implementación sólida de la legislación vigente, como la Ley de Servicios Digitales, la Ley de IA o la Ley Europea de Libertad de Medios, intensificando la acción y la coordinación en el ámbito de la alfabetización mediática, la verificación de hechos y el apoyo al periodismo independiente como componentes esenciales de la democracia.
5. Limitar el uso de publicidad personalizada basada en la vigilancia masiva y la recopilación de datos personales excesivos o innecesarios, restringiendo así la capacidad de las grandes plataformas para explotar la información privada de los usuarios con fines comerciales.
6. Restringir el alcance del diseño adjetivo de las plataformas digitales, prohibiendo prácticas como el scroll infinito y otros mecanismos destinados a maximizar el tiempo de permanencia en línea sin considerar el impacto en la salud mental.
7. Apoyar la creación de sistemas de recomendación y redes sociales alternativas, basadas en protocolos libres e independientes, que permitan una experiencia digital más plural, democrática y transparente.
8. Garantizar y financiar la presencia de verificadores y equipos independientes de moderación de contenidos, formados y arraigados en cada Estado miembro y en los diferentes idiomas, con criterios transparentes y supervisión pública, para evitar sesgos discriminatorios y garantizar una aplicación justa de las normas comunitarias.
9. Impulsar las modificaciones normativas oportunas para garantizar que las administraciones públicas tengan conocimiento de todos los parámetros, normas e instrucciones en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial con el fin de analizar su legalidad y evaluar su impacto social
10. Desarrollar mecanismos de control de la aplicación de la DSA por parte de las plataformas para poder monitorizar si tienen operativos mecanismos internos de denuncia de contenidos inapropiados.
11. Ampliar las competencias de la Comunidades Autónomas y dotarlas de los recursos para que, a través de los organismos que estas determinen, puedan desplegar mecanismos de control sobre las plataformas digitales para proteger a sus usuarios en los respectivos territorios».