Entre las problemáticas detectadas se incluyen la falta de recursos humanos, el acceso al empleo o el riesgo de exclusión social
La Consejería de Acción Social ha doblado el personal en valoraciones y trabaja para poner en funcionamiento la Residencia de Salud Mental de carácter insular
El Cabildo de Fuerteventura, a través del área de Acción Social, que dirige Víctor Alonso, ha elaborado un informe diagnóstico sobre la situación de la discapacidad en Fuerteventura, como resultado de un estudio realizado por la psicóloga especializada en políticas sociales, Carmen Nérida Corbatón, que forma parte del programa Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE) del Cabildo de Fuerteventura.
Según ha explicado Víctor Alonso, “desde la Consejería de Acción Social se encargó este estudio con el fin de conocer el estado y necesidad de los recursos sociosanitarios y de apoyo a las personas en situación de discapacidad”. De esta manera, “los resultados que arroje el estudio van a enfocar el trabajo planificado desde la Consejería de Acción Social en este campo, a medio y largo plazo, estableciendo propuestas que aborden las situaciones de necesidad encontradas”. “Se trata, además, de un documento abierto que se compartirá con ayuntamientos, entidades del tercer sector y el Servicio Canario de Salud, para incorporar las aportaciones oportunas”.
La psicóloga ha señalado que “para el estudio se han realizado métodos de investigación cuantitativa y cualitativa, incluyendo encuestas de satisfacción en los centros de atención para personas con discapacidad y entrevistas a profesionales que trabajan con este colectivo, así como una muestra variada de personas con discapacidad y familiares”.
Como resultados, el informe indica que Puerto del Rosario es el municipio que alberga mayor número de personas con discapacidad: el 46% de toda la Isla. Los municipios de la Oliva, Pájara y Tuineje le siguen en proporción acumulando en torno a un 14% cada uno de ellos. Finalmente, le siguen Antigua con el 9,32% y Betancuria con 0,76%
Por tipología de discapacidad, la más común es la motora, con 1.208 casos lo que supone un 37,2%. Se le sumaría la enfermedad crónica con un 14,44%, los trastornos mentales con el 13,34%, la discapacidad intelectual con 8,90% y los trastornos de la infancia que representan el 6,84%.
Como conclusiones generales, el informe apunta a la importancia de tratar la discapacidad “como un todo, teniendo en cuenta su carácter transversal”. “Si una persona con discapacidad ve limitadas sus oportunidades educativas por falta de apoyo o accesibilidad, esto puede afectar a su futuro laboral y posibilidades económicas, así como sus relaciones interpersonales”, señaló la psicóloga.
Entre las problemáticas detectadas, destacan las derivadas de la falta de recursos, especialmente humanos, el acceso al empleo o el riesgo de exclusión social. Además, las familias a cargo de personas con discapacidad requieren de acompañamiento y apoyo psicológico y terapias familiares.
Desde la Consejería de Acción Social, que dirige Víctor Alonso, se ha trabajado para doblar el personal en valoraciones, poner en funcionamiento la Residencia de Salud Mental de carácter insular en 2025 y se prepara para ofrecer el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), imprescindible para mantener la autonomía que ha logrado alcanzar parte del colectivo. Asimismo, se trabaja para ampliar plazas de día y abrir una residencia para personas con discapacidad intelectual en el sur, entre otras actuaciones.