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El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, motivado por la negativa del Gobierno regional a tramitar su solicitud para declarar al municipio como Zona de Mercado Residencial Tensionado, tal como establece la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
El consistorio ripense remitió el pasado 11 de diciembre un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, instando a su Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a cumplir con la normativa vigente y poner en marcha el procedimiento de declaración del municipio como zona tensionada. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha ignorado este requerimiento, incumpliendo su obligación de aplicar la ley y dejando en una situación de indefensión a la ciudadanía ripense.
“La Comunidad de Madrid está impidiendo a la ciudadanía ripense acceder a sus derechos”, ha denunciado la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo. “No puede decidir qué leyes aplica y cuáles no. Su inacción en materia de vivienda perjudica gravemente a las familias de Rivas, que tienen derecho a las medidas excepcionales contempladas en la ley estatal. Desde el Ayuntamiento, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para garantizar el acceso a una vivienda digna, pero exigimos que el Gobierno regional asuma también su responsabilidad y deje de boicotear soluciones que buscan aliviar la situación del mercado del alquiler y proteger a la ciudadanía”, ha añadido la alcaldesa de Rivas.
ACCIÓN JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid solicitó formalmente el 25 de septiembre de 2024 que el municipio fuese declarado Zona de Mercado Residencial Tensionado, al cumplir con los requisitos recogidos en la Ley de Vivienda.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid rechazó iniciar el procedimiento, argumentando que había recurrido la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Rivas recuerda que la interposición de un recurso no suspende la aplicación de la ley, que sigue siendo de obligado cumplimiento, máxime cuando el propio Tribunal Constitucional ha rechazado ya la mayor parte de los recursos interpuestos sobre la Ley de Vivienda.
Tras agotar la vía administrativa, el Ayuntamiento ha dado el paso de acudir a los tribunales para que se reconozca la obligación del Gobierno regional de tramitar su solicitud, lo que permitiría aplicar las medidas previstas en la Ley de Vivienda y que Rivas incluyó en el plan de medidas que acompañó la solicitud.
Entre otras medidas, el Ayuntamiento de Rivas propuso la posibilidad de una prórroga extraordinaria anual para el arrendamiento tras la finalización del contrato o que los nuevos contratos a nuevos inquilinos se limite el precio del alquiler a la renta del contrato anterior, con una excepción de una posible subida del 10% si se hubiesen efectuado obras de rehabilitación o mejora de la vivienda.
Del mismo modo se establecía la condición de gran tenedor a aquellos titulares de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial y la limitación de los precios de alquiler de sus viviendas y las de aquellas personas propietarias de viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos 5 años. También, la aplicación a los propietarios de los incentivos fiscales previstos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para el alquiler de larga duración en las zonas tensionadas, estimulando así también la salida al mercado del alquiler de las viviendas vacías.
Por último, se solicita la convocatoria de nuevas ayudas para el incremento del parque público de viviendas en alquiler, más de 500 en el caso de Rivas según el Plan Estratégico de vivienda de su empresa municipal. En este sentido, se solicitaba a las administraciones competentes, tanto la Comunidad de Madrid como al Gobierno de España, financiación a los ayuntamientos para el incremento del parque público de viviendas.