Dos profesores de la Universitat encajan la consulta de la Ley de Libertad Educativa en el ‘dilema del prisionero’, en la que todos pierden

Las familias valencianas están votando estos días la Ley de libertad educativa o Ley Rovira que regula la elección de la lengua vehicular en la enseñanza de los centros docentes no universitarios de la Comunitat Valenciana. Su aplicación implica que las familias tendrán que votar la lengua base (valenciano o castellano) en que predominará la enseñanza de sus hijos e hijas, a partir del curso 25/26 y durante toda la trayectoria educativa en todos los CEIPs de la comunidad.

Los profesores de la Universitat recuerdan que “esta ley fue diseñada por VOX, un partido de extrema derecha que tiene una postura contraria a la promoción de las lenguas cooficiales. Por lo tanto, se podría pensar que su objetivo no sería equilibrar el bilingüismo, sino más bien reducir el uso del valenciano y, al hacerlo, generar un conflicto lingüístico y político”.

Los profesores de la Universitat de València piensan que, tal como está diseñada esta ley, encarcela a todos los padres, de todas las escuelas y de todos los cursos de la Comunitat Valenciana, dentro de una situación de competición entre ellos, de la cual los resultados, más que inciertos, pueden predecirse. “Desde la perspectiva del Dilema del Prisionero, que es un modelo clásico de la teoría de juegos, la predicción que ofrecen no augura ningún resultado positivo, posiblemente para casi nadie. Al contrario, muchas familias corren el riesgo de verse enfrentadas, encadenadas a posicionarse en cada uno de los grupos de clase, con el riesgo que esto comporta para las relaciones personales de padres y niños”, afirman.

Muñoz y Mateu apuntan que “podemos analizar la Ley Rovira sobre el uso del valenciano y el castellano en la Comunitat Valenciana a partir de este Dilema del Prisionero. Se trata de un modelo en el que dos jugadores tienen que decidir si cooperan o traicionan al otro, pero que, según como estén planteados los incentivos, los pueden llevar a actuar de manera egoísta, hecho que acaba perjudicándolos a los dos”. Por eso, han evaluado los posibles escenarios que pueden darse en esta situación de competición, la cual no se dirime en las elecciones autonómicas, sino mediante un referéndum en cada clase de cada escuela.

En este escenario, la interacción entre valencianohablantes y castellanohablantes se puede analizar desde el punto de vista del Dilema del Prisionero, donde cada grupo tiene que decidir si coopera promoviendo un bilingüismo equilibrado o si compite intentando imponer su lengua. Si los dos grupos cooperan, se consigue un equilibrio óptimo, donde el valenciano se promueve sin excluir el castellano, garantizando una convivencia armónica. Sin embargo, si un grupo coopera y el otro no, el grupo que no coopera acaba dominando, desplazando la lengua del otro. En el peor de los casos, si ningún grupo coopera, se genera un conflicto lingüístico que afecta la cohesión social.

De acuerdo con este modelo, la Ley Rovira puede incentivar la competencia en lugar de la cooperación, aumentando las tensiones entre grupos lingüísticos. Para evitar un escenario de conflicto, habría que diseñar políticas que fomentan la cooperación, asegurando que tanto el valenciano como el castellano se perciben como lenguas complementarias y no como rivales. Según la teoría de juegos, la estrategia óptima seria establecer mecanismos institucionales que promuevan el respeto y el uso equitativo de las dos lenguas, evitando que una de ellas se vea amenazada por la otra.

Consecuencias de la consulta

Los profesores explican que el resultado de esta consulta polarizará el debate, atrayendo, por ejemplo, votos de sectores que ven el valenciano como una imposición; provocará una reacción fuerte de los defensores del valenciano, para después presentarlos como radicales; alimentará la idea de que el conflicto lingüístico es insalvable, justificando así medidas todavía más agresivas contra el valenciano en el futuro; y aplicará la Doctrina del Choque, haciendo que unas familias piensen que llevar a sus hijos a la escuela pública no vale la pena e impulsando así las escuelas concertadas o privadas.

Para los profesores, “este es un ejemplo claro de lo que en la teoría de juegos se conoce como equilibrio destructivo: un escenario donde un jugador fuerza una situación que perjudica a todos, pero que a él le da réditos políticos” y añaden “desde esta nueva perspectiva, la Ley Rovira no busca resolver un dilema lingüístico, sino crearlo”.