Foto: Concentración en reucerdo de Samuel Luiz. Alas A Coruña.
Nadie, absolutamente nadie, entendía cómo algo así podía haber ocurrido en nuestra ciudad en pleno 2021. Y entonces, la comunidad LGTBI+ alzó su voz y visibilizó algo que nunca dejó de ocurrir pero que parecía que nadie quería asumir que seguía ocurriendo en un país en el que ya nos podíamos casar desde hace muchos años. Como si aquella modificación histórica del código civil en 2005 hubiera sido el fin de la discriminación y la LGTBIfobia.
El asesinato de Samuel es un episodio desgarrador que dejó no sólo a nuestra comunidad sino a toda la sociedad sumida en un profundo estupor y dolor.
Veíamos estupefactas cómo se debatía en prime time sobre si la palabra “maricón” era un insulto o una simple expresión sin ninguna carga de odio, y cómo se discutía también sobre la orientación de Samuel, algo que pertenecía a su intimidad y que era su derecho compartir o no, derecho que le fue arrebatado a golpes. Mucho se nos pidió que fuéramos con cautela, no fuera a ser que, finalmente, estuviéramos erradas al dar credibilidad a las personas que vivieron en persona lo ocurrido.
Para la comunidad LGTBI+ y una gran parte de la sociedad no hubo duda de que Samuel no murió por casualidad; su asesinato fue el resultado de una violencia cargada de odio que, lamentablemente, sigue presente en nuestras calles. Este caso es un espejo de las vulnerabilidades que enfrentamos diariamente como comunidad. Un recordatorio macabro de que si no encajamos en los marcos de normatividad que se nos exigen, se nos aplicará un correctivo. Y esto aplica para cualquier persona, pertenezca o no a la comunidad LGTBI+. Porque a Samuel no lo asesinaron por ser un maricón de mierda, le mataron porque lo percibieron como un maricón de mierda. Y aquí es donde radica lo importante de esta sentencia, que reconoce el agravante de LGTBIfobia.
Esta sentencia representa un hito jurídico y social y, desde una perspectiva legal, sienta un importante precedente en la lucha contra los delitos de odio, enviando un mensaje claro de que la violencia motivada por los prejuicios y el odio ni será tolerada en nuestra sociedad ni quedará impune. Asimismo, establece un precedente que puede influir en cómo se procesan y juzgan futuros delitos de odio, y contribuye a construir una jurisprudencia más sólida, que permitirá a las víctimas de estos delitos sentirse respaldadas por un sistema judicial que, históricamente, ha estado en entredicho por sus actuaciones respecto a la comunidad LGTBI+ y en la protección de sus derechos fundamentales.
Aunque España ha avanzado mucho en derechos para las personas LGTBI+, los datos sobre delitos de odio muestran una realidad alarmante. Estas agresiones no son casos aislados; son el resultado de un sistema que todavía no ha logrado erradicar la discriminación y los prejuicios. La impunidad de los discursos de odio, antesala de la violencia y las agresiones, tiene que ser atajada con urgencia. Y, sobre todo, tenemos que interiorizar que el odio afecta no solamente a los colectivos vulnerables, sino a toda la sociedad en su conjunto y que es misión de todas involucrarnos en su erradicación. Involucrarnos, al fin y al cabo, en la construcción de una sociedad más justa, más libre y más diversa.
El caso de Samuel Luiz también pone en evidencia la importancia de las organizaciones que defienden los Derechos Humanos y los derechos de las personas LGTBI+. Y es también logro del activismo haber ayudado a generar un cambio, una conciencia social sobre la violencia LGTBIfóbica, que es lo que ha permitido alcanzar un veredicto tan contundente. Nuestra labor no se limita a acompañar y asesorar a las víctimas; también buscamos generar un cambio social que garantice un futuro más seguro e inclusivo.
Pero cabe recordar que la verdadera justicia no se alcanza con una sentencia; comienza cuando logramos que nadie más tenga que pasar por lo que Samuel, su familia y amistades han pasado.
Este caso no sólo nos interpela como comunidad LGTBI+, sino como sociedad en general. Nos desafía a ser mejores, a cuestionar nuestras actitudes y a construir un futuro en el que el odio no tenga cabida.
Ana G. Fernández es presidenta de ALAS A Coruña (@alasacoruna), que ejerció la acusación popular en el caso Samuel Luiz.