La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) en la que está trabajando el Ejecutivo regional junto con los rectores de las universidades públicas y privadas y los Consejos Sociales, creará un Distrito único de prácticas que velará por que ningún estudiante universitario ni de FP se quede sin plaza. Díaz Ayuso ha desgranado hoy, en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, las claves de la futura Ley universitaria que dará respuesta a los retos y desafíos que afrontan las enseñanzas superiores en la región.
Entre los principales ejes y novedades de la LESUC, Díaz Ayuso ha destacado que la primera Ley de Enseñanzas superiores de la región universitaria más importante de España unificará de forma pionera todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios. Este reconocimiento legal tenderá puentes entre la formación y el empleo, y fomentará el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional.
La futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia afronta el desafío de la formación dual creando un Distrito único de prácticas, con una Comisión de coordinación en la que intervendrán todos los agentes interesados, y una aplicación informática unificada, para lograr que ningún estudiante universitario ni de Formación Profesional se quede sin prácticas.
La Ley apuesta por proteger las Humanidades y fomentar la lengua española en la vida universitaria, con medidas como la rebaja de tasas a los estudiantes hispanoamericanos para que paguen lo mismo que cualquier joven español o de la UE. Además, se exigirá un mínimo de español homologado para estudiar en universidades públicas y privadas, excepto en los títulos que se impartan en origen en otro idioma.
Un nuevo modelo de financiación para las universidades
En cuanto al nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que será plurianual y revisable cada cinco años, incluirá tres niveles: una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades singulares que permitirá, por ejemplo, la rehabilitación de edificios; y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos, como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria, entre otros.
Para completar esta financiación, se proporcionará a estos centros nuevas herramientas de financiación como la gestión de sus propias carteras de inversión, el préstamo interuniversitario de sus remanentes en unas condiciones preferentes, la gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.
Otras de las novedades de la futura norma serán el reconocimiento de las acreditaciones de profesores de toda España, siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto; la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos por actividades de voluntariado; el acceso de alumnos y profesores de FP superior a convocatorias propias de investigación por primera vez en España; el impulso de la colaboración público privada en el ámbito universitario; el reconocimiento de las escuelas de negocio, dotándolas de rango universitario y de un marco legal que garantizará su calidad; o la obligación de que las universidades informen a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no para evitar confusiones.
Con la libertad educativa
Además, Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid llevará a los tribunales el Real Decreto sobre el reconocimiento y acreditación de universidades que prepara el Gobierno central, “que ataca a las universidades privadas, va contra la Constitución e invade competencias autonómicas”. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, ya ha presentado alegaciones a este texto ante el Ministerio.
Este Real Decreto se va a tramitar por el procedimiento de urgencia y establece requisitos adicionales para los centros privados, como tener un mínimo de 4.500 alumnos.
El Gobierno regional se opondrá a esta normativa con todos los instrumentos a su alcance para defender no solo a los centros de Madrid, sino a ese 60% de las universidades privadas aprobadas por gobiernos autonómicos del PSOE que se verían ahora condenadas a la ilegalidad y a la desaparición con este Real Decreto.
El sistema universitario madrileño está formado por seis centros públicos y 13 privados que ofrecen más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado a sus más de 300.000 estudiantes (más de 200.000 en los centros públicos y el resto en las universidades privadas). La Comunidad de Madrid, que tiene el 14,4% de la población española, concentra el 22,4% de los estudiantes universitarios de toda España, frente a otras regiones como Cataluña, que tiene menos estudiantes superiores (15,9%) que porcentaje de población (16,5%); o Andalucía, con un 17,7% de población y un 17,3% del total de universitarios del país. Más de la mitad de los estudiantes universitarios en la Comunidad de Madrid cursan en la pública.