La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha presentado a las Comunidades Autónomas la modificación del Real Decreto 640/2021, que endurece los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades, tanto públicas como privadas, para garantizar su calidad y que se prevé aprobar el próximo mes de junio.

Morant lo ha hecho en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, el órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política general universitaria con las Comunidades Autónomas, que ha presidido este jueves en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València (UV), ubicado en Paterna (València).

Durante su intervención, la ministra ha señalado que “el futuro de nuestro país pasa por garantizar la calidad global de su sistema universitario” y ha subrayado que “las universidades son nuestro más poderoso motor de igualdad de oportunidades y de transformación social, además de nuestra principal cantera de investigación científica”.

“Vamos a garantizar que todas las universidades de España que imparten titulaciones lo hagan con criterios de calidad, equiparables a los de otros países de nuestro entorno”, ha puntualizado.

En cuatro décadas, España ha pasado de tener 33 universidades públicas y 4 privadas, a tener 50 universidades públicas y 46 universidades privadas. En este momento, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) tiene pendiente emitir informes de evaluación de 10 nuevas propuestas de creación de universidades en el país. En este sentido, el proyecto que el Ministerio ha informado esta tarde a las Comunidades Autónomas prevé que las 10 nuevas propuestas deban obtener el informe de calidad y vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), o agencia de evaluación autonómica, para poder salir adelante.

Morant ha apelado a la sensatez para valorar el Real Decreto y ha destacado “el papel determinante que las universidades tienen en nuestras sociedades: en nuestro progreso económico, en nuestra calidad democrática, en nuestro desarrollo territorial y en el bienestar de nuestra ciudadanía”.

Al hablar de calidad, la ministra también se ha referido al programa María Goyri, que lucha contra la precarización laboral en las universidades y supone la mayor incorporación de nuevo profesorado a las universidades públicas de toda la etapa democrática de nuestro país. “Este programa nace para tratar de revertir los recortes y la infrafinanciación que ha habido en las universidades, las tasas de reposición cero, que hicieron que el sistema universitario sufriera un parón en la incorporación de talento”, ha puntualizado.

Cambios introducidos tras el diálogo con los agentes universitarios implicados

Durante el trámite de audiencia pública del Real Decreto, que estuvo abierto del 2 al 11 de abril, se han recibido alegaciones de 57 instituciones, incluidas la mayoría de las Comunidades Autónomas, la CRUE, la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), así como de varias universidades y otras asociaciones.

Morant ha destacado que “se ha valorado de forma constructiva todas las propuestas, con el objetivo de mejorar las normas, y se han introducido muchos cambios”. “Este Real Decreto sale mejorado gracias al diálogo continuo con todos los agentes universitarios implicados”, ha recalcado.

Uno de los cambios consiste en establecer que todas las agencias evaluadoras deberán crear una Comisión de evaluación específica para elaborar los informes de evaluación de propuestas de nuevas universidades, compuestas por una mayoría de profesorado universitario elegido por sorteo. El objetivo de esta medida es garantizar la independencia del proceso evaluador que deberá realizar la agencia de calidad correspondiente sobre la calidad global del proyecto de crear una nueva universidad en España.

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