- Derechos Sociales impulsó junto a Sanidad el primer acuerdo marco a nivel estatal para que los gobiernos autonómicos puedan mejorar la atención temprana e intervenir en un plazo máximo de 45 días desde que se detecta un caso con riesgo evolutivo
Madrid, 17 de junio de 2025.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha inaugurado este martes el acto «Atención temprana, un consenso de país», en el que se ha abordado el marco referencial aprobado a comienzos de año para mejorar la atención a niños y niñas de 0 a 6 años. Se trata de un acuerdo nacional y de calidad común que fue rubricado en una conferencia multisectorial del 31 de enero en la que intervino el propio Pablo Bustinduy junto a Mónica García, ministra de Sanidad, con la participación también de representantes de gobiernos autonómicos.
Este consenso estatal es el primer acuerdo que se aprueba a nivel nacional para la atención temprana e incluye una dotación económica de 42 millones de euros (41.874.524,17€) que el Ministerio de Derechos Sociales ha puesto a disposición de todos los gobiernos autonómicos para que puedan mejorar los sistemas de atención a niños y a niñas de entre 0 y 6 años en sus territorios. De esta manera, los ejecutivos de las Comunidades Autónomas que quieran adherirse a esta partida económica, procedente del Fondo Social Europeo Plus, podrán financiar recursos que permitan reforzar sus servicios de atención temprana.
Por ejemplo, gracias a estos fondos se podrán poner en marcha iniciativas como la creación de historias clínicas digitales para cada niño o niña que puedan compartirse, con acceso controlado, entre los servicios de pediatría, educación infantil y atención temprana. También se podrán elaborar planes de intervención individualizados para los niños y las niñas que los demanden junto a las familias, así como talleres de formación encaminados a mejorar su atención. De la misma forma, se podrá capacitar a pediatras y a maestros de educación infantil en señales de alarma y en protocolos que permitan una derivación rápida, algo que resulta fundamental para los niños y las niñas que requieren atención temprana. Otro importante avance será la posibilidad de hacer cribados en todos los centros de salud del desarrollo infantil en revisiones a los 6, 12 y 24 meses.
Además, estos 42 millones de euros van a permitir desarrollar una base de datos centralizada con registro de todos los casos atendidos, su evolución y los recursos utilizados. Así mismo, se digitalizarán los informes de evaluación y seguimiento para que sean accesibles a familias y a profesionales autorizados. De igual manera, se elaborarán informes integrados en el ámbito social, familiar, médico y educativo, y se crearán indicadores públicos de calidad y rendimiento, como tasas de acceso por municipio o tiempos de espera medios.
En su discurso, el ministro Bustinduy ha señalado que reducir los tiempos de espera en atención temprana es uno de los objetivos fundamentales de este “consenso de país” ya que, tal y como se ha explicado en el propio acto, es vital para prevenir situaciones agravadas de discapacidad o de dependencia, así como para mejorar la calidad de vida de los niños y de las niñas. Especialmente, en la franja de edad de 0 a 6 años, una etapa que, según apunta las evidencias científicas, es crucial para sentar las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social. También para promover la inclusión social de los niños y de las niñas que requieren este tipo de atención, y potenciar sus capacidades, su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad.
Por todo ello, más allá de la dotación económica que ha canalizado Derechos Sociales, en el acto se ha puesto en valor otro de los puntos clave que incluye este acuerdo marco: el compromiso adquirido por los gobiernos autonómicos para intervenir en atención temprana en 45 días como máximo desde que se detecta un caso que tenga un riesgo evolutivo. Este es el plazo que marca de referencia la GIE (Garantía Infantil Europea), una recomendación del Consejo de la Unión Europea que fue aprobada de manera unánime en el año 2021.
El acto ha sido clausurado por Mónica García, ministra de Sanidad, y ha contado con las intervenciones de tres secretarios de Estado: Rosa Martínez (Derechos Sociales), Javier Padilla (Sanidad) y Abelardo de la Rosa (Educación), junto a representantes de asociaciones, familiares y profesionales del sector, quienes han destacado que, por primera vez, la atención temprana se esté abordando como una política de estado con todas las administraciones implicadas.
Un consenso de país
Además de mejorar los procesos de detención y reducir los tiempos de espera, este acuerdo estatal en atención temprana contempla que las Comunidades Autónomas dispongan de una Red de Atención Temprana y que, para ello, los gobiernos autonómicos dispongan de una norma que regule específicamente la materia. En esta normativa se establecerán los mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas. El sistema deberá también interconectar los departamentos que forman parte del proceso, así como ordenar y regular su participación: equipos de atención primaria, profesionales de los servicios sociales, profesorado, etc… En este grupo de medidas se deben establecer, así mismo, las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad.
Por otra parte, el documento recoge medidas para garantizar la valoración e intervención integral, adaptando todos los procesos a la realidad y ritmos de cada niño y de cada niña, y de sus familias, con las que se establecerá un diálogo permanente. A esto se suma que la nueva orientación apuesta por actuar en los entornos naturales de los niños y niñas (el hogar, el parque, etc.) y por un enfoque biopsicosocial que atienda todos los condicionantes del desarrollo.
Líneas de actuación
Los compromisos adoptados en el consenso aprobado se han estructurado en nueve líneas de acción que se concretan en medidas concretas y en 36 estándares de calidad. Las líneas de acción son las siguientes:
- Planificación, estructuración, organización y financiación
- Mejorar la calidad de las actuaciones y servicios
- Implementar sistemas eficaces de coordinación interadministrativa
- Implementar procesos de colaboración y participación de las familias
- Promoción de la prevención primaria
- Facilitar el acceso en condiciones de igualdad y calidad para los niños y las niñas, con reducción de tiempos de espera a un máximo de 45 días.
- Garantizar la valoración e intervención integral
- Equipos profesionales y formación continua de profesionales implicados
- Optimizar los sistemas de información y registro