El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la presentación del informe elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado la creación de una comisión interministerial que trabajará para garantizar la incorporación de profesionales al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y para acelerar el cambio de modelo de cuidados de larga duración. Bustinduy ha realizado este anuncio durante la presentación del informe oficial «Estimación de necesidades de trabajadoras de cuidados de larga duración a 2030», elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
El documento anticipa que para mantener la cobertura actual del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia se necesitará un total de 751.000 trabajadoras, lo que requiere incorporar a 261.400 personas más de aquí a 2030. Este aumento supone incrementar el número de trabajadoras un 53% en los próximos cinco años respecto a las 489.900 personas que estaban empleadas a finales de 2024.
En declaraciones a medios de comunicación, Pablo Bustinduy ha afirmado que «el trabajo de cuidados no solo va a necesitar a más personas, también una mejora de condiciones y una revalorización de esta labor en la sociedad». A continuación, durante su intervención en la presentación del informe, el ministro ha subrayado la importancia de que diferentes ministerios trabajen conjuntamente en una comisión para garantizar la incorporación de más trabajadoras al sistema y ha definido este objetivo como «un reto de país».
Además, Bustinduy ha explicado que el Ministerio ha puesto en marcha un grupo de trabajo con los gobiernos autonómicos en el que se analizará las dificultades para encontrar profesionales y se estudiarán formas de encontrar vías para facilitar la empleabilidad y hacer el sector más atractivo. La primera reunión de este grupo de trabajo se celebrará este mismo lunes 24 de marzo. El espacio de trabajo arrancará con una exposición detallada del informe presentado y una explicación de su metodología para que los gobiernos autonómicos puedan replicar el estudio en sus territorios y conocer sus necesidades laborales específicas en la Dependencia.
La evolución demográfica de España
La estimación del número de trabajadoras que necesitará el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en 2030 se ha construido combinando las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística con la proporción actual de personas que requieren cuidados de larga duración. En los escenarios donde el ritmo de crecimiento de la población cubierta por el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia se mantiene como en la actualidad, la población atendida a cuando comience la próxima década llegará hasta las 2.055.172 personas, lo que supone un 27% más respecto a las 1.644.073 personas atendidas en 2024.
Para Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, esta evolución demográfica supone «un desafío para las instituciones, pero, sobre todo, un motivo de celebración porque las personas vivan cada vez más años». Para conseguir este desafío, ha explicado Martínez, «necesitamos contar con las trabajadoras necesarias para ofrecer unos cuidados de calidad y que cuenten con unas buenas condiciones laborales», y ha añadido que las administraciones públicas deben esforzarse para garantizar que la ampliación del tiempo de vida «vaya de la mano de la ampliación de los derechos y la calidad de vida». Para ello, la secretaría de Estado ha enfatizado en la necesidad de que las políticas públicas sobre cuidados tengan una perspectiva de largo plazo e incluyan a todos los actores involucrados.
Rosa Martínez ha enmarcado la publicación del informe y la creación de la comisión interministerial en lo que han denominado como «Reto mejorar el empleo en los cuidados de larga duración», donde también ha incluido el grupo de trabajo con los gobiernos autonómicos. El Reto, ha explicado, es una iniciativa que tiene como objetivo desplegar una serie de espacios de debate, coordinación y toma de decisiones para dinamizar a todos los actores gubernamentales e institucionales que pueden aportar soluciones a la hora de mejorar la incorporación de profesionales al sistema. Entre los ministerios involucrados estarán, al menos, el de Trabajo, el de Educación y Formación Profesional y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El acto de presentación de este estudio y de este Reto ha contado, además, con la celebración de dos mesas de debate en las que se han abordado los desafíos laborales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. La primera de ellas ha analizado el desafío desde el plano laboral y ha contado con la moderación de Mayte Sancho, directora general del IMSERSO, y la participación de los sindicatos CCOO y UGT, y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. La segunda mesa ha tratado la cuestión desde un punto de vista institucional y ha contado con la participación de los secretarios de Estado Joaquín Pérez (Trabajo), Borja Suárez (Seguridad Social) y Pilar Cancela (Migraciones), además de Esther Monterrubio, secretaria general de Formación Profesional.