El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha participado en las jornadas Looking at the Future, que organiza EY, sobre “el acceso a la vivienda en España”. En su intervención, David Lucas se ha centrado en explicar las políticas de vivienda del Gobierno de España y en los resultados que están consiguiendo.
Desde la premisa de la “colaboración constante” con el resto de las administraciones y la “fundamental colaboración público-privada”, el secretario de Estado de Vivienda ha hecho un llamamiento a que “hagamos todo lo posible para cumplir el objetivo por el que estamos en política, que es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas españolas y españolas”.
David Lucas ha expuesto las políticas del Gobierno en tres ámbitos: normativa, reglamentaria e inversora. En el primer campo, el secretario de Estado ha hecho referencia a la Ley por el Derecho a la Vivienda como “una buena ley, que tiene la capacidad estructural de poder planificar acciones de futuro y que, con su desarrollo, seremos capaces de abordar las dificultades en esta materia. Una ley que, a su juicio, tiene numerosos elementos positivos y es necesaria a pesar de que, «a veces algunos hablen con mucha demagogia».
Asimismo, se ha referido a la Ley del Suelo para dar seguridad jurídica a los planes generales de ordenación urbana, que son “fundamentales” para conseguir suelo finalista para el desarrollo de viviendas. Lamentando que no se haya conseguido avanzar en esta ley que ha calificado de necesaria. Por otro lado, otro hito legislativo que ha destacado es la Ley de Calidad de la Arquitectura, que no introduce en la construcción “la calidad suficiente y necesaria”, conforme a los últimos avances en materia arquitectónica.
Inversión presupuestaria, coordinación y acuerdos entre administraciones
Otro de los grandes elementos que ha desarrollado el secretario de Estado ha sido el compromiso presupuestario que el Gobierno ha otorgado a las políticas de vivienda, lo que ha permitido multiplicar por ocho las partidas de los Presupuestos Generales del Estado dedicados a vivienda desde el año 2018.
Ese incremento de las inversiones, ha detallado, han dado grandes resultados, destacando principalmente dos de ellos. La buena acogida que han tenido los fondos del Plan de Recuperación por parte de las administraciones y del sector privado. Lucas ha evidenciado este “éxito en la acción” del Gobierno en los resultados.
En primer lugar, el compromiso con la Comisión Europea era alcanzar 20.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible y que en la actualidad se han alcanzado acuerdos con las administraciones autonómicas y locales para construir 25.000. Y, por otro lado, que a través de las líneas de préstamos y avales para promotores que se han implementado a través del Instituto de Crédito Oficial, en un año se encuentran aprobadas y en estudio 7.000 operaciones más de las que ha financiado el ICO durante cuarenta años.
A dicho compromiso presupuestario, se añade el compromiso de acuerdo y colaboración del Gobierno de España con el resto de administraciones como ha ocurrido de manera recurrente en las distintas Conferencias Sectoriales celebradas.
El principal resultado de estas políticas es el incremento del 2,5% al 3,4% del parque de vivienda social y asequible en España. Lo que, a su juicio, “pone de manifiesto el esfuerzo de las administraciones públicas en construcción de viviendas”.
“El problema que hemos arrastrado a lo largo de todo este tiempo desde el periodo democrático es que se han impulsado 2,4 millones de viviendas desde las administraciones públicas. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, en donde han sido principalmente parques públicos en alquiler, es que las viviendas que se impulsaban en España principalmente eran un régimen de tenencia, que era el régimen de compra-venta. Esas viviendas se descalificaban y lo que no permitía esa descalificación es mantener unos parques de vivienda, ya sean públicos o privados, que garantizaran el acceso a vivienda a aquellos que tienen menos recursos económicos”, explicaba Lucas. Y en ese sentido, defendía que “uno de los fundamentales de las propuestas que estamos impulsando es precisamente que todas aquellas viviendas que vayan a ser impulsadas con fondos del Estado tendrán que garantizar la permanencia en su protección”.