CSIF registra una petición formal en Moncloa para que el Gobierno negocie un nuevo acuerdo salarial y abone los atrasos desde 2024

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha registrado en el Ministerio de la Presidencia una petición formal para que el Gobierno abone de una vez el retraso salarial pendiente del año pasado y negocie un nuevo acuerdo salarial.

El Ejecutivo aún no ha abonado la subida adicional del 0,5 por ciento para corregir la variación del IPC en los últimos tres años (2022, 2023 y 2024). Además, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las empresas, estamos casi a mediados de año y las/os empleados públicos siguen sin conocer la subida correspondiente a este año.

Según cálculos de CSIF a partir de las retribuciones medias, la congelación salarial retiene ya 1.200 millones de euros a las/os trabajadores del conjunto de las administraciones. Aunque se escuda en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podría aplicar al menos el 0,5 por ciento adicional por la vía del Real Decreto Ley como sucedió en 2020 y 2024, así como el pasado marzo con la subida salarial al personal militar.

Como consecuencia de la evolución de los precios (el último IPC correspondiente al mes de abril arrojó una subida del 2,2 por ciento) los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 8,2 por ciento desde la firma del último acuerdo salarial y de casi un 20 por ciento de la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010.

 

Además, ante la parálisis del Gobierno reclamamos negociar:

  • Una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
  • Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
  • Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas. IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.
  • Recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010
  • Mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que el conjunto de los empleados públicos pueda acogerse a la jubilación parcial.
  • La adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de administraciones.

 

 

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