La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado considera que el nuevo sistema de jubilación anticipada por coeficientes reductores aprobado por el Gobierno dificulta el acceso a este derecho al personal dependiente del sector público.
Este Real Decreto regula el procedimiento para su tramitación conforme a la modificación operada por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Esta medida es fruto del acuerdo alcanzado por el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, de junio de 2021, en el que además de esta medida de dudosa efectividad en las Administraciones Públicas, también se acordó penalizar gravemente las jubilaciones voluntarias con una minoración de la cuantía de la pensión que oscila entre un 13% y un 21%.
Se da la circunstancia de que en el caso de los empleados públicos únicamente podrán iniciar el procedimiento CCOO y UGT, junto a las administraciones públicas, y por tanto restringe la participación de organizaciones como CSIF, pese a ser sindicato más representativo en este ámbito.
Además, el hecho de que el adelanto de la jubilación dependa también del informe de la propia administración, juez y parte (puesto que actúa por un lado como contratadora y por otro como responsable de la pensión a efectos de la Seguridad Social), dificultará el ejercicio de este derecho. En el ámbito privado, por el contrario, se presupone un mayor aliciente para la empresa a promover la jubilación anticipada, puesto que se le abre la oportunidad de renovar su plantilla, facilitando el acceso a retirarse al personal más antiguo.
Por tanto, como gesto de buena voluntad en consecuencia con el decreto aprobado ayer, desde CSIF exigimos públicamente que se tramite de inmediato el acceso a la jubilación anticipada por coeficientes reductores en la sanidad pública, teniendo en cuenta las características profesionales de determinados colectivos que realizan trabajos de especial penosidad, con efectos sobre la salud, la exposición a riesgos biológicos o químicos, asociados al lugar de trabajo.
Además, se debe considerar la actividad laboral realizada por el personal de la Sanidad con unos requerimientos físicos o psíquicos para su desempeño que producen un notable incremento de siniestralidad a partir de una determinada edad. A lo largo de los últimos años, CSIF ha reclamado este derecho sin que hasta el momento se haya iniciado el procedimiento.