Ante la noticia de que el Gobierno y Junts han alcanzado un acuerdo para la delegación de la gestión de la competencia de inmigración a Cataluña, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige máxima transparencia en este proceso.
El pacto, que se presentará esta semana, supone un cambio significativo en la gestión de los trámites de extranjería en Cataluña. Sin embargo, CSIF alerta de la incertidumbre generada entre los trabajadores afectados, ya que hasta el momento no se ha dado a conocer el contenido detallado del acuerdo.
Desde CSIF exigimos que en este traspaso se negocie en el ámbito que corresponde con los representantes de los/as trabajadores, se garanticen los derechos y garantías de la plantilla, su seguridad jurídica, sus condiciones laborales y la posibilidad de movilidad con otras administraciones. La situación preocupa especialmente a los empleados de las oficinas de extranjería, ya que la medida afecta directamente a unos 300 funcionarios en Cataluña.
Cabe destacar que en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el personal dedicado a extranjería supone entre el 30% y el 50% del total de funcionarios. Por ello, esta transferencia implicaría la reubicación de un elevado número de empleados de la Administración General del Estado (AGE), lo que genera una gran incertidumbre en cuanto a su futuro laboral y condiciones de trabajo.
El personal de la Administración General del Estado participa, en otras tareas, en la gestión de permisos de residencia, arraigos, renovaciones, documentos de identidad para extranjeros o gestión de devoluciones.
CSIF permanecerá vigilante ante el desarrollo de este proceso y exigirá al Gobierno que garantice la máxima transparencia, el respeto a los derechos laborales y la seguridad jurídica de todos los trabajadores afectados.