La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, convoca movilizaciones en toda España para denunciar el abandono que los empleados públicos sufren por parte del Gobierno, que sigue sin reactivar la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales en diferentes ámbitos, entre ellos la subida salarial pendiente desde el año pasado y un nuevo acuerdo retributivo. Desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, la Mesa de Administraciones Públicas solo se ha convocado en una ocasión.
CSIF iniciará sus movilizaciones con una concentración el próximo 19 de marzo frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y que se ampliará en futuras fechas en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno en toda España.
CSIF entiende que se deben abordar sin más demora los siguientes temas pendientes:
- Negociación de un nuevo acuerdo salarial (el actual concluyó el pasado 31 de diciembre). Las/os empleados públicos han perdido un 9 por ciento desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo retributivo (-5,8 entre 2022 y 2024 al que se sumaría un -3 por ciento correspondiente al IPC del último mes de febrero) y más de un 20 por ciento desde los recortes de 2010, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Además, a fecha de hoy seguimos sin ingresar el 0,5 por ciento adicional del pasado año. CSIF exige que la subida salarial se produzca de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del SMI.
- Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
- Negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
- Balance del plan de estabilización de plazas de personal interino. A 31 de diciembre la cifra no debía superar el 8 por ciento del total.
- Jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
- Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
- Mejora de las condiciones de jubilación y la regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.
Incapacidad para realizar reformas por falta de apoyo de unos Presupuestos
Además, el sindicato está preocupado por la incapacidad del Gobierno para presentar unos Presupuestos por su debilidad parlamentaria, y que permitan poner en marcha las reformas que necesitan las administraciones públicas, cada vez más tensionadas en ámbitos tan importantes como la Sanidad, la Educación o la Administración General del Estado.
El 60 por ciento de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará a lo largo de los próximos 10 años. Esta circunstancia pone en peligro la sostenibilidad de nuestra Administración. Además, en estos momentos se encuentran enquistados conflictos laborales en la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo o el SEPE.
En la Administración General del Estado y de la Función Pública, están paralizados o en su caso ralentizados por la falta de apoyos en el Congreso de los Diputados aspectos como la evaluación del desempeño, la carrera profesional, mejoras en la jubilación, teletrabajo, una nueva clasificación profesional o la jornada de 35 horas semanales.
Precisamente, en el ámbito de la Sanidad las plantillas están envejecidas y son escasas en muchas especialidades (como Atención Primaria), lo que provoca la saturación de los centros de salud y de las urgencias hospitalarias en invierno o durante el verano en épocas de especial afluencia turística. Además, la negociación del Estatuto Marco se encuentra paralizada por falta de voluntad política de la ministra de Sanidad.
En el ámbito de la Educación, la escuela pública reabre cada año las aulas con déficit de docentes y alta tasa de interinidad. CSIF exige que se aceleren las negociaciones para que el Estatuto Docente salga adelante este año y se implementen medidas como aumentar la inversión educativa hasta el 7 por ciento del PIB en línea con la UE y un pacto educativo que ofrezca estabilidad al sistema.