Madrid. Miércoles, 27 de mayo de 2025
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) expresa su preocupación ante el creciente cuestionamiento de la autonomía universitaria y cita como ejemplo la situación que atraviesa la Universidad de Harvard a raíz de diversas decisiones adoptadas recientemente por la administración estadounidense.
Desde CRUE reiteramos que la autonomía universitaria no es un privilegio, sino una garantía imprescindible para que la universidad pueda cumplir su misión al servicio del conocimiento, la formación y el progreso social. Solo desde la libertad institucional es posible investigar sin condicionamientos, formar pensamiento crítico y aportar soluciones rigurosas a los grandes desafíos globales. Debilitar esa autonomía es socavar la capacidad de la universidad para cumplir su misión transformadora, su compromiso con el bien común y su papel como garante de la democracia.
Por todo ello, expresamos nuestra solidaridad con la Universidad de Harvard y con todas aquellas instituciones de educación superior que, en cualquier parte del mundo, vean cuestionada su independencia. Y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del sistema universitario como bien al servicio de la sociedad, garante del pensamiento libre, motor de desarrollo sostenible y espacio de convivencia democrática. La comunidad académica debe mantenerse unida y vigilante ante cualquier intento de debilitar los principios que la sustentan.
Respecto a Harvard, CRUE señala que la cancelación de todos los contratos federales, las restricciones fiscales y las presiones para modificar políticas internas comprometen seriamente la autonomía institucional de esta prestigiosa universidad. Más allá del caso concreto, esta situación plantea una inquietud de fondo sobre los riesgos que suponen ciertas dinámicas de interferencia política en el ámbito universitario.
Igualmente preocupante resulta la reciente prohibición de visado a estudiantes internacionales aceptados por Harvard, en base a criterios que se perciben como arbitrarios y difíciles de justificar. Esta medida supone un perjuicio evidente para los propios estudiantes, pero también representa una vulneración del principio de apertura y vocación internacional que define a la educación superior. Del mismo modo, la presión sobre políticas de diversidad e inclusión puede interpretarse como un intento de condicionar la autonomía de las universidades en la gestión de sus principios y valores institucionales.