La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, inauguró hoy el curso ‘Evaluación de políticas públicas: evidencia para la toma de decisiones’, organizado por ESADE en colaboración con la AIReF y J-PAL dirigido a gestores públicos. La presidenta celebró que la formación esté centrada en la evaluación, una práctica aún poco arraigada en España, pero cada vez más necesaria para mejorar la toma de decisiones. Recordó que, aunque la AIReF se ha consolidado como un organismo de referencia en este ámbito, no debe ser el único actor responsable de impulsar esta labor.
Durante su intervención, la presidenta destacó que, frente a los recortes lineales que tradicionalmente se han aplicado en contextos de ajuste, la evaluación permite analizar el diseño, la implementación y los resultados de las políticas, favoreciendo decisiones más eficaces. En un país como España con una deuda pública en el entorno del 100% del PIB y el compromiso de reducirla de forma sostenida, este enfoque resulta esencial. Además, subrayó que los retos que enfrentan las finanzas públicas –envejecimiento, gasto en defensa, transición ecológica– exigen un uso más eficiente de los recursos, en línea con el nuevo marco europeo de reglas fiscales.
Cristina Herrero explicó cómo la AIReF ha consolidado su capacidad evaluadora a lo largo de estos años, con estudios independentes y objetivos, que pretenden facilitar la toma de decisiones informadas a través de sus hallazgos y propuestas. Además, destacó también la elevada capacidad técnica de la institución. Fruto de este trabajo, la AIReF ha completado un primer ciclo del Spending Review y parte del segundo, con evaluaciones sobre instrumentos financieros y mutualismo administrativo, y ha desarrollado o está desarrollando estudios para 12 Comunidades autónomas en áreas clave como sanidad, educación y empleo.
Para finalizar, la presidenta puso en valor esta colaboración con el mundo de la academia y agradeció la participación de siete ponentes de la AIReF en el curso. En su opinión, la institucionalización de la evaluación requiere liderazgo, compromiso y formación, así como un cambio cultural, técnico y político, resaltando la importancia de que las administraciones públicas desarrollen su propia capacidad evaluadora. “Espero que este curso contribuya a este objetivo”, concluyó.