La Corte Suprema de EE.UU. emitió este viernes un fallo en el que se obliga al Gobierno del presidente Donald Trump a ampliar los plazos de los que disponen ciudadanos venezolanos candidatos a deportación bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros para impugnar su traslado hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.
La decisión, que fue tomada con siete votos a favor y dos en contra, se dio a partir de un recurso que interpuso un grupo de venezolanos y supone la aclaración de una orden judicial emitida el pasado 18 de abril, en la que se pone en suspenso el plan de expulsión de personas detenidas en el norte del estado de Texas, detalla NBC.
En el referido dictamen, los togados criticaron a la Administración Trump por ofrecer un lapso de solo 24 horas para apelar su expulsión. «En estas circunstancias, un aviso con apenas 24 horas de antelación a la deportación, sin información sobre cómo ejercer el derecho al debido proceso para impugnar dicha deportación, seguramente no es aceptable«, se alega en la resolución.
Lo que viene
Del mismo modo, el máximo tribunal estadounidense cuestionó la idoneidad de los jueces que tomaron la decisión precedente, al considerar que estaban «muy alejados de las circunstancias del caso» y, por tanto, no son los más indicados para definir el procedimiento que debe seguirse para garantizar el debido proceso.
Sobre esta base, la Corte Suprema remitió el caso nuevamente al tribunal de apelaciones, para que sea esa instancia la que determine cuál será el mecanismo que deben seguir los venezolanos detenidos en territorio estadounidense y que son candidatos a deportación a El Salvador bajo acusaciones no probadas de pertenecer a grupos de delincuencia organizada.
Empero, los magistrados no abordaron la cuestión de fondo relativa a la legalidad de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar personas. «Para ser claros, hoy sólo decidimos que los detenidos tienen derecho a un aviso mayor que el que se les dio el 18 de abril«, puntualiza la sentencia.
La disputa con Caracas
La expulsión irregular al Cecot de más de 200 venezolanos, señalados sin proceso judicial de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua –desarticulada en Venezuela–, abrió un nuevo capítulo de confrontaciones entre Caracas y Washington.
Las autoridades venezolanas calificaron el hecho como «secuestro» y afirmaron que esa política de deportaciones masivas sin garantías procesales, «evoca campos de concentración nazi» y «vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven».