José Eugenio Díaz, exintendente de El Brete y exlegislador provincial, fue condenado a tres años condicional.
Confesó haber exigido sexo a mujeres a cambio de planes sociales entre 2002 y 2004. Los hechos ocurrieron en su despacho mientras ejercía el máximo cargo administrativo de la comuna.
La Justicia, otra vez en deuda
El fallo se dictó en un juicio abreviado con acuerdo entre fiscalía y defensa, sin posibilidad de revisión judicial. El vocal Ángel Andreu dejó en claro que no podía modificar la pena pactada entre las partes. Díaz incluso pidió expresamente no ser inhabilitado para ejercer cargos públicos, y así fue resuelto.
Las víctimas estaban asistidas por el abogado Pablo Olmos, quien explicó que no se opusieron por agotamiento. El proceso penal duró más de dos décadas con períodos de estancamiento y riesgo de prescripción. Díaz se negó a someterse a pericias psicológicas durante toda la investigación judicial.
Testimonios que no dejaron dudas
Las mujeres relataron amenazas, presiones y extorsiones dentro del mismo edificio comunal. Una víctima recibió la advertencia: “No hablés lo que pasa acá, te puedo sacar el plan como a las otras”. A otra le ofreció ir a un hotel para “arreglar las cosas” y mantener el beneficio del plan para su familia.
Algunas de las denunciantes perdieron sus beneficios sociales tras negarse a los avances del exfuncionario. Pese a esta violencia institucional, la fiscal Fabiana Pochettino acordó una pena sin prisión efectiva. El castigo no se condice con la gravedad de los hechos ni con la repetición del abuso de poder.
Poder intacto, castigo simbólico
Díaz ofreció una compensación económica de $3,5 millones a cada víctima, en cuatro cuotas. La indemnización fue aceptada por algunas mujeres, pero otras la rechazaron por considerarla insuficiente. Su hijo, Pablo Díaz, es el actual jefe comunal y mantiene el control político del pueblo.
El fallo no impide que Díaz ocupe cargos públicos en el futuro, lo que generó un fuerte repudio ciudadano. Desde distintos sectores cuestionan el mensaje de impunidad que deja el caso. Se pone en debate la debilidad del sistema penal frente a abusos cometidos desde estructuras de poder.