El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el acto celebrado con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que su departamento regulará los algoritmos que utilizan las empresas para personalizar precios y publicidad. Lo hará, según ha explicado, obligando a que los parámetros que usan estos algoritmos sean transparentes y accesibles para las personas consumidoras. Además, el ministro ha anunciado que se prohibirá que cualquiera de estos parámetros sea discriminatorio o explote situaciones de urgencia o necesidad. Por otro lado, las empresas no podrán variar los precios que se personalicen de forma automática durante todo el proceso de compra, con el objetivo de evitar que las personas consumidoras sientan la presión de tomar decisiones apresuradas por la incertidumbre de las variaciones.
De esta manera, desde Consumo se pretende facilitar información útil a las personas consumidoras para que eviten posibles prácticas discriminatorias o engañosas. También se busca una mayor concienciación sobre el uso de datos personales y un mayor control sobre la privacidad. Así lo ha manifestado Bustinduy en el acto «Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital» celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras.
¿Qué implicará la nueva regulación?
Para ilustrar qué supondrá la regulación anunciada por el ministro Bustinduy se hará uso de un ejemplo, en este caso de un servicio de transporte por coche que fija los precios de forma dinámica, es decir, con precios que varían. En este supuesto, la empresa que ofrece este servicio tendrá que ofrecer una información clara al usuario de cómo se ha formado el precio que se le muestra. Es decir, el usuario podrá conocer en base a qué parámetros se ha fijado ese precio, si ha sido por la distancia hacia el destino, por la hora del viaje, por la frecuencia con la que realiza ese trayecto o por la concurrencia de eventos masivos en la ciudad en la que se encuentre… Además, se prohibirá que el precio del viaje se fije por razones discriminatorias, como, por ejemplo, que la persona usuaria tenga una discapacidad, o por su perfil racial. El precio tampoco se podrá fijar en base a una situación de emergencia o de necesidad para el usuario, como que le quede poca batería en el móvil, por ejemplo.
Estas medidas continúan el trabajo realizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo durante la DANA del pasado mes de octubre que causó importantes daños en buena parte del país, especialmente en la Comunidad Valenciana. En esa ocasión, el departamento que lidera Bustinduy prohibió que la personalización de precios derivara en incrementos de precios cuando se producían picos de demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad.
«Ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos», ha declarado Pablo Bustinduy, y ha añadido que resulta necesario democratizar las relaciones económicas, «construyendo alternativas, con el objetivo de llegar a tener intercambios justos, transparentes y en igualdad de condiciones». Por otro lado, el ministro ha puesto el foco en las relaciones de consumo que se establecen en los entornos digitales, insistiendo en que debe garantizarse la transparencia dentro de este ámbito y el derecho de las personas consumidoras a una información clara y veraz.
El acto celebrado en el Ministerio que dirige Bustinduy ha servido de previa a la conmemoración este 15 de marzo del Día Mundial por los Derechos de las Personas Consumidoras. El evento ha contado con una intervención a través de vídeo de Aaron Rodericks, responsable de Trust and Safety de Bluesky. A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda con Andrés Barragán, secretario general de Consumo y Juego; Miguel Bordiú, secretario del consejo de la CNMC; Tiziana Tallaro, directora general de Confianza Online, y Ana Caballero, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).
Ana Caballero ha leído un manifiesto en el que el CCU propone un Pacto de Estado en defensa de los derechos digitales. En el documento se proponen medidas como la prohibición de las conductas comerciales que interfieran en la capacidad de decisión de las personas, la limitación del uso indebido de datos personales, actuaciones para mejorar la accesibilidad y herramientas y dotación de autoridades para la supervisión y el control del entorno digital.
El evento ha sido clausurado por Daniel Arribas, director general de Consumo, que ha trasladado la necesidad de que todos los agentes que operan en la economía digital «participen de la protección y en la defensa efectiva de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en este ámbito».