La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía hace balance de la actividad desarrollada a lo largo de 2024, que se saldó con el registro de cerca de 12.290 reclamaciones, una media de 1.020 reclamaciones al mes, y las actuaciones de la Inspección de Consumo abarcaron un total de 13.021 establecimientos visitados. Durante el año 2024 se han registrado en la Dirección General de Consumo y en los Servicios Provinciales de Consumo de la Junta de Andalucía un total de 12.290 reclamaciones, lo que supone un decremento en el número de reclamaciones durante el año 2024 de un -2% respecto del año anterior. Más de un tercio se refieren a servicios esenciales (suministro de agua, gas y electricidad) y comercio minorista.
Asimismo, en el ámbito del arbitraje de consumo, en 2024 se recibieron 1.548 solicitudes de arbitraje, que, en casi un 70%, se referían a conflictos en materia de energía (gas y electricidad). Durante el año pasado, se dictaron 912 laudos (resoluciones arbitrales que tienen la misma validez que una sentencia judicial, por lo que son de obligado cumplimiento), que en más del 70% de los casos fueron estimatorios de las pretensiones de la persona consumidora. Asimismo, casi 5.400 empresas continuaron adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.
Visitas a establecimientos
En el ámbito de la inspección de consumo, al objeto de verificar el cumplimiento de la normativa, las 13.021 visitas a establecimientos dieron lugar a la realización de 15.836 actuaciones de control, que se enmarcaron en la ejecución de 17 campañas de inspección en los sectores de la alimentación, los productos industriales y los servicios, la comprobación de hechos puestos de manifiesto en la presentación de denuncias y las actuaciones realizadas para comprobar que no existen productos inseguros a disposición de las personas consumidoras. En dichas actuaciones, se tomaron 472 muestras de alimentos y productos industriales para su análisis en laboratorio.
Además, en el año 2024 tuvo lugar el inicio de 2.580 expedientes sancionadores, y fueron resueltos un total de 2.650, mientras que la cuantía de las sanciones impuestas se elevó a 7,47 millones de euros. Desde la Dirección General de Consumo se destaca el trabajo administrativo realizado por el personal de los Servicios Provinciales de Consumo, y también en los ámbitos de la atención a las personas consumidoras y usuarias de Andalucía y de la comunicación desde Consumo Responde. Esta labor de atención se desarrolló mediante tres vías: a través del teléfono gratuito 900 215 080, se atendieron 21.334 llamadas; por correo electrónico, se recibieron 4.532 consultas; a través del formulario web de consultas, se registraron 376 entradas. Cabe destacar este último recurso, disponible en la web www.consumoresponde.es, ha duplicado la cifra del año anterior. Consumo también pone de relieve su papel como servicio público de comunicación, información y recursos para las personas consumidoras y usuarias. Dentro de este compromiso, uno de los ejes centrales es la web de Consumo Responde, referente a nivel nacional. A lo largo de 2024, www.consumoresponde.es recibió 1,12 millones de visitas.
De forma complementaria, la vertiente comunicativa e informativa también se ha ejercido a través de los diferentes perfiles de Consumo Responde en las redes sociales (Facebook, Instagram y X), donde la comunidad supera los 12.600 seguidores y seguidoras. Además, en las redes sociales se incrementó en 2024 el número de impresiones, superando las 1,18 millones.
Acciones formativas
Desde la Dirección General de Consumo también se destaca una de las vertientes más importantes entre las que se desarrollan cada año, como es la formativa. En total, se llevó a cabo una decena de acciones formativas, dirigidas casi en su totalidad a profesionales del ámbito de Consumo, y también a otros profesionales como los pertenecientes a la Fundación Andaluza para la Integración Social de las Personas con Enfermedad Mental (FAISEM). Las formaciones versaron sobre temáticas como la ciberseguridad, la publicidad en las redes sociales, la gestión de las reclamaciones de consumo, el comercio electrónico o sobre igualdad de género.
Por último, la Dirección General de Consumo destaca la concesión de subvenciones a Entidades Locales de Andalucía para la financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo de la comunidad autónoma (OMIC, Juntas Arbitrales de Consumo municipales, supramunicipales y provinciales, personal de los órganos arbitrales, unidades administrativas del ámbito de la inspección, etc.). En este ámbito, Consumo entregó subvenciones por valor de 871.529,50 euros (97,75% del presupuesto previsto).
Asimismo, se destinaron 697.943,02 euros (95,61% de la previsión presupuestaria) a asociaciones, organizaciones y federaciones de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, para la realización de programas formativos en materia de consumo, de actuaciones para impulsar la promoción de un consumo responsable y sostenible, para el funcionamiento de las oficinas de atención e información a las personas consumidoras y para el fomento del asociacionismo en la comunidad autónoma de Andalucía.
Consumo Responde
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.