El célebre movimiento Me Too, nacido hace casi 8 años, nos dio a conocer la normalización en el sector del cine de la violencia sexual. Ahora conocemos que no se trata solo de las actrices, sino que este riesgo se encuentra actualizado en todo el sector audiovisual, según evidenciaría el informe recientemente promovido por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA). El estudio, titulado ‘Después del silencio. Investigación sobre el impacto de los abusos y las violencias sexuales contra las mujeres en el sector del cine y el audiovisual’, realizado a través de la técnica de la encuesta online a 312 mujeres (pertenecen a la asociación), pone de manifiesto que más del 60% de las mujeres de entre 20 y 50 años reconocen haber sufrido alguna forma de violencia sexual en espacios relacionados con el ejercicio de esta profesión.
El estudio desglosa esta incidencia en el sector de la violencia sexual laboral padecido por las mujeres que prestan servicios profesionalmente en él. Así:
- El 81,4% de las mujeres víctimas (encuestadas para el informe) ponen de relieve haber sufrido algún tipo de violencia o agresión sexual verbal.
- El 49,5% de las mujeres (casi la mitad) de las 188 mujeres que revelan haber sufrido violencia sexual señalan haber enfrentado acoso físico.
- El 22,3% de las mujeres que han sufrido violencia sexual habría sido a través de canales digitales, esto es, ciberacoso (acoso virtual y/o digital).
Las autoras del estudio ponen de manifiesto las dificultades para hacerle frente, denunciando, básicamente:
- La «naturalización» o «normalización» del riesgo de violencia sexual en esta profesión (otras vinculadas también lo sufren de forma notable, aun en menor medida, como la profesión periodística), porque se asocia a una «jerarquía» y a una «cultura de la permisividad» inherentes al mismo por los estereotipos socioculturales De este modo el «abuso de poder» sería aquí «una herramienta de control y disciplina para el ejercicio de la violencia sexual«.
- La debilidad de los instrumentos de protección, pues no solo el 64,4% de las mujeres considera que las denuncias no son tomadas en serio (para las más jóvenes -20 a 29 años- se eleva al 84%), sino que el 92% que han sufrido violencia sexual no lo denunciarían. Las causas de esta desconfianza son también varías.
- El 30% no sabía cómo proceder ante lo sufrido.
- El 27% no lo hizo por temor a represalias.
- El 22,2% porque cree que la denuncia no serviría para nada.
- De quienes sí denunciaron, el 46,2% tiene una opinión «muy mala» de la atención recibida.
- El silencio colectivo iría acompañado de una cierta revictimización de las mujeres víctimas (LARPSICO ya se ha hecho eco de algunos casos en los tribunales que confirmarían esta revictimización, tanto en empresas como en entidades que deberían ofrecer una protección eficaz).
- La interseccionalidad de este riesgo en el sector, porque no solo lo sufren las mujeres prácticamente de forma exclusiva (perspectiva de género), sino sobre todo las más jóvenes (perspectiva de edad).
Como «solución» el Informe concluye que la inmensa mayoría de las mujeres consideran necesaria, para mejorar la prevención de las violencias sexuales en la industria, transformando un entorno laboral muy inseguro e insano en otro libre de violencia sexual:
- Una mayor regulación legislativa, acompañada de la debida formación en este riesgo y su afrontamiento (92,6%).
- Una eficaz representación de las mujeres en los puestos de liderazgo (85%).
- La implementación de protocolos (75,2% de las mujeres encuestadas).
Al respecto, es importante recordar que el art. 12 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual contempla de manera expresa la violencia sexual en el trabajo como un riesgo laboral específico, que debe ser incluido en los protocolos de gestión de la violencia y el acoso de forma debida o necesaria. La norma legislativa es muy clara al respecto:
«Las empresas deberán incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadoras, la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes, debiendo formar e informar de ello a sus trabajadoras».
Parece claro, pues, que, una vez más, no estamos ante un problema de falta o ausencia de instrumentos de regulación adecuados. De lo que se carecería sería de garantías de efectividad para el cumplimiento de esas obligaciones, máxime por la debilidad de las estructuras preventivas en estas empresas y por la ausencia de la más elemental cultural preventiva al respecto. De ahí que el Estudio constate que haya “un vacío de instrumentos efectivos en la industria del cine y del audiovisual, como son los obligatorios protocolos de prevención y actuación adaptados a los recientes marcos legislativos contra las violencias sexuales. (..)». Incluso en los casos en los que existe algún mecanismo de repuesta a la violencia sexual se ha constatado, como se dijo:
«Un alarmante desconocimiento por parte de las mujeres de la industria de su existencia [el 64% desconoce los protocolos de prevención], también sobre su funcionamiento o acerca de la información relativa a su aplicación».
En suma, por enésima vez, ya estando ahora inmersos en un nuevo proceso de reforma legislativa, ahora de la LPRL, conviene advertir que España no conoce, en términos generales, un déficit de regulación legislativa de esta cuestión, lo que sigue siendo insuficiente es el sistema de garantías para su cumplimiento efectivo. Para el conjunto de riesgos realmente, pero mucho más para los más “modernos”, los riesgos psicosociales, a los que pertenece la violencia sexual en la industria de audiovisuales. Por tato, la negociación colectiva y la Inspección de Trabajo, así como los servicios de prevención de riesgos laborales, deberían avanzar de forma más acelerada y seria en acabar con esta situación de déficit preventivo sistémico