- Los consejeros Barrachina, Rubira y Fernández-Pacheco solicitan al Ministerio una reunión “urgente” para abordar la permanencia del trasvase y la supervivencia de la agricultura
- Denuncian la imposición de decisiones unilaterales que impactan directamente en la economía, el empleo y el futuro de miles de familias
- Subrayan que el agua es un bien común que debe gestionarse con justicia, solidaridad y rigor técnico, no con intereses partidistas
Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Junta de Andalucía han mantenido un encuentro para instar al Gobierno de España a no aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, por considerar que se trata de una reforma insolidaria, ideológica y carente de rigor técnico.
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, la consejera de la Región de Murcia, Sara Rubira, y el consejero de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, han coincidido en denunciar la imposición de decisiones unilaterales por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, que afectan gravemente a la economía, al empleo y al futuro de miles de familias que dependen directa o indirectamente del agua trasvasada.
Barrachina ha sido tajante al respecto: “No se puede gobernar el agua desde un despacho en Moncloa sin escuchar a quienes producen alimentos para toda Europa. Estas nuevas reglas son una agresión directa a nuestros agricultores, que han demostrado durante décadas cómo hacer un uso eficiente, sostenible y solidario del recurso hídrico”.
“Lo que exigimos es justicia hídrica. El agua es de todos y debe gestionarse con sentido común, no como un arma política al servicio de intereses partidistas”, ha afirmado el conseller.
Las tres comunidades autónomas han reiterado su disposición al diálogo, pero advierten que no aceptarán imposiciones que debiliten el tejido productivo agroalimentario ni que pongan en riesgo el abastecimiento de millones de ciudadanos.
Nuevas reglas de explotación
La propuesta de nuevas reglas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica endurece de forma severa los umbrales para autorizar trasvases, en contra del equilibrio territorial y de la equidad hídrica. Entre las medidas contempladas figura el aumento de los requisitos para autorizar el máximo trasvase (60 hectómetros cúbicos), que solo se permitiría cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía superen los 1.600 hectómetros cúbicos o las aportaciones anuales sean de, al menos, 1.400 hectómetros cúbicos. Además, en caso de Nivel 2, el volumen autorizado se reduciría progresivamente hasta los 18 hectómetros cúbicos mensuales en 2027.
También se prevén modificaciones en el Nivel 3, que permitía traspasar hasta 20 hectómetros cúbicos y que a partir de ahora queda fijado en 11 hectómetros cúbicos, lo que representa un nuevo obstáculo para garantizar el abastecimiento y el riego.
Barrachina ha advertido que “estas decisiones suponen la puntilla al trasvase Tajo-Segura y demuestran una clara voluntad de restringir el uso de un recurso esencial para el desarrollo de nuestras comunidades autónomas”.