San Salvador, 30 de enero de 2025
Una Delegación Vasca compuesta por Gobierno Vasco, Parlamento Vasco y organizaciones vascas de derechos humanos y cooperación ha visitado, del 25 al 30 de enero, El Salvador para dar seguimiento a la situación de las personas y colectivos que han participado en NARE-Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. El objetivo de esta misión es realizar un seguimiento a la situación personal y organizativa de las personas acogidas en Euskadi en los años 2023 y 2024 y visibilizar el apoyo institucional y organizativo vasco a sus procesos en defensa de los derechos humanos.
La Delegación Vasca se ha reunido con las organizaciones a las que pertenecen dos de las personas acogidas en NARE: Colectiva Las Incómodas Feministas y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral. Asimismo, ha mantenido encuentros con otras organizaciones sindicales, movimiento feminista, organizaciones de defensa de la población LGTBIQ+, organizaciones de derechos humanos, periodistas, defensoras ambientales y del territorio, víctimas del régimen de excepción, madres buscadoras e instituciones académicas.
Tras estos encuentros se ha desarrollado una agenda con organismos internacionales, cuerpo diplomático e instituciones del país a las que se les han trasladado las principales demandas, preocupaciones y propuestas recogidas previamente. Se han establecido espacios de diálogo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Embajada de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Se solicitaron reuniones con otras instituciones del Estado que no han sido atendidas.
La Delegación Vasca, compuesta por la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas y eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad del Gobierno Vasco, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco, la Coordinadora de ONGD de Euskadi y las organizaciones Bakerako Lankidetza Batzarrea (BLB), Fundación Paz y Solidaridad Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin, agradece a todas ellas su recibimiento y acogida.
La Delegación Vasca ha constatado en los encuentros y reuniones mantenidas a lo largo de su visita que, a día de hoy, el dolor, sufrimiento y violencia es una constante en la vida diaria del país, tal y como se recoge en diversos informes de organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos.
Ante esta situación, mostramos nuestro APOYO y SOLIDARIDAD con todas las organizaciones sociales con las que hemos mantenido encuentros. Reconocemos su legítima defensa de los derechos humanos, la vida digna y la lucha contra la impunidad.
Mostramos nuestra PREOCUPACIÓN por:
- El mantenimiento del régimen de excepción que inició el 27 de marzo de 2022 y ha contado, a la fecha de este comunicado, con 34 prórrogas. La excepcionalidad de esta medida, diseñada para perseguir a las pandillas, está siendo instrumentalizada para criminalizar a la sociedad civil organizada y supone un debilitamiento sistemático y continuado de la democracia y el Estado de derecho, y supone la suspensión de toda garantía constitucional.
- Las desapariciones y las detenciones arbitrarias y masivas con ausencia de garantías procesales en los procedimientos judiciales: la instrumentalización del proceso penal mediante el incumplimiento del derecho a la presunción de inocencia, la falta de información sobre los hechos y delitos imputados, la violación del secreto de las comunicaciones, los allanamientos domiciliarios sin garantía judicial, el abuso de la prisión provisional y las dificultades para la defensa letrada, entre otras cuestiones graves.
- La situación de crisis humanitaria que se vive al interior de las cárceles. Hemos recogido testimonios sobre hacinamientos, tratos inhumanos y degradantes, tortura, situaciones de insalubridad, negación de cualquier tipo de comunicación con las familias, corrupción de los custodios (funcionarios de prisiones), falta de asistencia médica, violencia contra las mujeres y mantenimiento de prisión tras autorizaciones de libertad. Es decir, la ausencia de garantía de derechos que asisten a cualquier persona en situación de privación de libertad, atentando contra la dignidad de las mismas.
- El deterioro del sistema público mediante la elaboración de un presupuesto con una disminución considerable de la inversión en educación y salud y un aumento del gasto militar y presidencial, además de los numerosos despidos del funcionariado que vulneran, en muchos casos, el fuero sindical.
- La desprotección y la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos en el país y el cierre del espacio cívico. En este sentido, queremos señalar los ataques al movimiento feminista y a la población LGTBIQ+, al movimiento sindical y a la defensa del territorio y del medioambiente.
- La implementación de legislación que despoja de derechos a las personas, como la Ley General de la Minería Metálica que elimina la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que garantizaba el derecho a un medio ambiente sano, la vida digna en el territorio y el derecho humano al agua.
- El grave retroceso en los derechos y libertades de las niñas, mujeres y población LGTBIQ+ mediante un marco normativo y políticas públicas altamente restrictivas, identificando como principales factores de amenaza las políticas ultraconservadoras antiderechos.
- La falta de transparencia y acceso a la información pública con la reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública.
- Los ataques a la libertad de expresión y la libre información como el acoso a periodistas y medios de comunicación y a personas que participan en protestas públicas.
- La desprotección de la infancia y adolescencia, la explotación laboral infantil, la situación de empobrecimiento extremo y la falta de acceso al sistema público educativo son de especial preocupación por ser cuestiones centrales en la construcción de un sistema democrático.
Y RECOMENDAMOS:
- El cumplimiento del marco internacional y regional de derechos humanos y las recomendaciones y sentencias que emanen del mismo.
- La finalización del régimen de excepción para la restitución de los derechos y garantías constitucionales de la población.
- La protección de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones y colectivos, garantizando el pensamiento crítico y la oposición política.
- El restablecimiento de un proceso judicial con las debidas garantías.
- El impulso de investigaciones para el caso de las personas desaparecidas y el acompañamiento a familiares.
- El cumplimiento efectivo, en los términos actuales, de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencias para las Mujeres (LEIV), así como el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de Beatriz.
- El desarrollo de marcos normativos alineados con los estándares internacionales de derechos humanos y políticas públicas que garanticen la vida digna de las niñas, niños y adolescentes y de la población LGTBIQ+.
- El respeto a la libertad y fuero sindical, y la restitución de los derechos de las trabajadoras y trabajadores despedidos sin el debido proceso.
- El respeto de la vida digna en los territorios garantizando el derecho de acceso al agua y a un medioambiente sano frente a la implementación de megaproyectos extractivos como la minería metálica o las grandes infraestructuras.
COMPROMISOS:
La Delegación Vasca muestra su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la Paz mediante el fortalecimiento de NARE-Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, y otras herramientas de acompañamiento y solidaridad.
Manifiesta su total disposición a desarrollar todos los mecanismos para seguir apoyando a las organizaciones, comunidades y colectivos que cada día apuestan por vivir en un país en paz con justicia social, ambiental, sindical y de género.
