Las organizaciones empresariales españolas, como parte del engranaje institucional y de acuerdo con nuestra responsabilidad, que emana de la Constitución, queremos condenar los casos de corrupción que estamos conociendo estos días.
Como consecuencia de ello, estamos asistiendo a un deterioro acelerado de nuestras instituciones, de nuestra imagen país y, cada vez, se hace más difícil trasladar mensajes de confianza a la ciudadanía y, en el ámbito económico, a las empresas, inversores y mercados.
Debemos respetar la independencia del Poder Judicial en el cumplimiento de su cometido; superar la parálisis en el seno del Poder Legislativo; y reclamar que el Poder Ejecutivo se centre en una buena administración de lo público, teniendo como prioridad el bienestar de todos los españoles. En estos momentos, lo que España necesita es estabilidad institucional, política y económica.
Por tanto, reclamamos, pero ahora con mayor intensidad si cabe, que se vuelva cuanto antes a un espacio de normalidad democrática, de estabilidad política e institucional y a un entorno propicio para que las empresas puedan desarrollar su actividad y los inversores puedan seguir confiando en nuestro país.